El conocido analista político Martín Tanaca, peruano residente en Uruguay, calificó al nuevo gabinete ministerial como “muy decepcionante y contradictorio”, en una entrevista con el portal periodístico La Mula.

Señaló que el análisis de lo que será el nuevo gobierno fujimorista no debe basarse en su mensaje inicial del 28 de julio último, sino por los ministros que ha elegido, que son quienes finalmente toman las decisiones de gobierno.

Al respecto, opinó que entre los designados hay varios que no califican para estar a la altura de la urgencia de los desafíos que deberá enfrentar la nueva administración.

“Hay perfiles que no guardan relación con las carteras que asumirán, lo que podría dificultar la gestión desde el inicio”, dijo y añadió que en el gabinete ministerial hay titulares que no portan mayor representatividad, respaldo electoral ni vínculos con organizaciones sociales.

De otro lado, la prensa reveló que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, no solo es objeto de 20 investigaciones, por presuntos delitos, sino que entre ellas tiene causas por minería ilegal y contaminación ambiental, temas que atañen a su cargo.

El medio La Clave deploró que el titular de Salud, Luis Dyer, haya confesado que su única relación con la salud pública es sentimental, porque su abuela estuvo a cargo de la cocina del ministerio para el que ha sido designado.

El diario La República reveló que 15 de los 18 integrantes del gabinete ministerial tienen antecedentes e investigaciones judiciales en curso y uno, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Alvarez, en su declaración sobre su situación legal consignó que solo tiene denuncias por infracciones constitucionales.

El ministro del Ambiente, Vladimiro Huároc, declaró 51 casos, nueve de ellos por desobediencia y abuso de autoriad, mientras su colega de Educación, José Antonio Chang, admitió tener en su hoja de vida investigaciones por usurpación de funciones, lavado de activos, asociación para delinquir y delitos contra el patrimonio y la tranquilidad pública.

El primer ministro, Luis Galarreta, reconoció ser investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, abuso de autoridad y pertenencia a una organización criminal, y el canciller, Carlos Espá, reportó antecedentes de indagaciones por cohecho (soborno).

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