Durante sus alegatos finales, la fiscal Ruth Amoroso pidió al tribunal declarar culpable a Álvarez y al resto de los procesados por el supuesto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos a gran escala, con una condena que, de aplicarse, podría alcanzar seis años y nueve meses de prisión.

La Fiscalía sostiene que entre 2020 y 2024 operó una red dedicada al desvío y comercialización irregular de combustibles subsidiados, lo que habría ocasionado un perjuicio de 61 millones de dólares al Estado.

Según la acusación, Álvarez, exgerente y representante legal de la empresa Copedesa, desempeñó un papel central en esas operaciones.

El juicio del denominado caso Triple A, que se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Quito, entró este domingo en su fase final tras más de cuatro meses de audiencias.

Álvarez rechaza las acusaciones y sostiene que los procesos abiertos en su contra forman parte de una persecución política impulsada por el Gobierno.

Su defensa afirma que la Fiscalía no ha demostrado la existencia del delito ni su responsabilidad en los hechos investigados.

Aunque aún no hay sentencia, el alcalde -sobre quien pesan otros dos procesos penales- permanece desde febrero en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro.

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