Las manifestaciones, convocadas por el movimiento Levante Mulheres Vivas, se realizaron en Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, João Pessoa, Boa Vista, Campo Grande y otras capitales y municipios del país, informó el portal Brasil de Fato.
Esta iniciativa busca presionar al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, para que incluya en la agenda legislativa de agosto el Proyecto de Ley (PL) 896/2023, cuyo régimen de urgencia fue aprobado en julio.
La propuesta, ya aprobada por el Senado, modifica la Ley 7.716 de 1989 para incluir la misoginia entre los delitos de discriminación y prejuicio.
El texto establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes practiquen, induzcan o inciten actos de violencia, restrinjan el pleno ejercicio de derechos o atenten contra la dignidad de alguna persona por su condición de mujer.
Asimismo, incorpora la condición de mujer entre las circunstancias agravantes del delito de injuria motivada por discriminación.
En São Paulo, la concentración tuvo lugar frente al Museo de Arte de la ciudad, donde participó la diputada federal Sônia Guajajara, quien defendió la necesidad de convertir la misoginia en un delito no excarcelable y llamó a mantener la presión social sobre el Congreso, de acuerdo con Brasil de Fato.
También asistió la diputada Tabata Amaral, relatora del proyecto, quien afirmó que la defensa de la vida y la seguridad de las mujeres trasciende las diferencias políticas.
En Río de Janeiro, la movilización recorrió las calles de Copacabana; en Salvador se realizó un acto simbólico en el Faro de Barra; y, en Brasilia, la protesta reunió a militantes feministas y precandidatas al Congreso en el Eixão, una de las principales avenidas de esta capital.
La cofundadora del Levante Mulheres Vivas, Rachel Ripani, declaró a Agencia Brasil que la campaña responde al aumento de los feminicidios y a la expansión de discursos de odio y violencia contra las mujeres en las redes sociales.
Ripani sostuvo que el objetivo de la propuesta no es limitar la libertad de expresión, sino tipificar conductas que incentiven o promuevan delitos contra las mujeres, especialmente en entornos digitales, donde se difunden contenidos que normalizan la violencia sexual y otras formas de agresión.
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