Andrade informó al diario Expreso que el próximo 5 de agosto interpondrá un recurso de aclaración para que el pleno del TCE conozca el caso y emita un pronunciamiento definitivo sobre la negativa a entregar los formularios necesarios para iniciar la recolección de firmas.
En sus declaraciones al medio de prensa local, el jurista sostuvo que esa resolución permitirá confirmar o descartar una presunta «cooptación» del organismo electoral por parte del presidente Noboa.
El anuncio se produce luego de que el juez del TCE Joaquín Viteri rechazó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por Andrade y el dirigente indígena Leonidas Iza.
El magistrado ratificó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de negar la entrega de los formularios para recoger las firmas requeridas para la revocatoria, un mecanismo establecido en la Constitución.
Tras conocer la sentencia, Andrade cuestionó la actuación del magistrado y, en un mensaje publicado en la red social X, sostuvo que el fallo desconoce los derechos de participación ciudadana y los principios democráticos.
La plataforma Revoca EC, que agrupa organizaciones sociales que apoyan la iniciativa, también convocó a una movilización y un plantón el próximo 13 de agosto en los exteriores del TCE, donde los participantes exigirán que el pleno del organismo revise el caso. Según anunciaron, buscarán agotar todas las instancias legales dentro del TCE y, de ser necesario, acudirán a la Corte Constitucional.
Con la resolución del juez Viteri sigue vigente la negativa del CNE a entregar los formularios, por lo que el proceso de revocatoria permanece suspendido hasta que concluyan los recursos previstos en la normativa electoral.
Esa solicitud de revocatoria fue la primera presentada a inicios de junio y el CNE también negó una segunda solicitud de organizaciones sociales, indígenas, campesinas y sindicales que buscan la salida de Noboa del poder.
Una encuesta reciente del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, realizada entre el 25 y el 26 de julio en Quito y Guayaquil, indica que la aprobación del gobernante cayó del 41 al 24 por ciento entre enero y julio de este año, mientras el 76 por ciento de los consultados manifestó una opinión desfavorable sobre su gestión.
El Gobierno presentó 22 cajas con documentos que probarían la gestión del presidente y funcionarios de la actual administración calificaron los pedidos de revocatoria como intentos de desestabilización política.
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