El proceso de inscripción de candidaturas se extenderá hasta el 17 de agosto, en unos comicios donde los ecuatorianos elegirán prefectos provinciales, alcaldes, concejales y miembros de juntas parroquiales, además de renovar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
En ese contexto, el asambleísta Franklin Samaniego sostuvo que en la provincia de Pichincha la RC podría contar con un mecanismo para registrar a sus aspirantes mediante acuerdos que involucrarían al Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Unidad Popular (UP) y al movimiento provincial Todos.
«Hemos llegado a ese punto de que estas alianzas entre diferentes sectores para hacerle frente al oficialismo es sobrevivir democráticamente», afirmó el legislador.
Samaniego atribuyó esa situación a las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismos a los que acusa de favorecer al Gobierno.
El parlamentario apuntó que el siguiente desafío será impedir que los candidatos inscritos sean posteriormente excluidos del proceso.
«Vamos a ver en la segunda fase cuál es la estrategia para proscribir a los candidatos de la RC», manifestó.
No obstante, dirigentes de las organizaciones mencionadas señalaron que esos acuerdos todavía no han sido formalizados.
El presidente de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana, indicó que las alianzas «se están debatiendo», mientras el titular del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, señaló que esa posibilidad «se viene discutiendo».
El dirigente de Unidad Popular Nelson Erazo expresó su disposición a renunciar a su precandidatura a la prefectura de Pichincha si ello facilita una candidatura unitaria de los sectores de izquierda.
«Si tengo que dar un paso al costado para que eso suceda, lo haré. Es fundamental la unidad para derrotar a quienes le hacen daño al pueblo ecuatoriano», afirmó.
Además, Samaniego denunció que aspirantes de la oposición han recibido amenazas en distintas provincias y aseguró que esa situación también afecta al Partido Social Cristiano (PSC).
La RC quedó inhabilitada para estos comicios después de que el TCE suspendió a la principal fuerza política de oposición y posteriormente hiciera lo mismo al movimiento Amigo, que había previsto acoger sus candidaturas.
Analistas, organizaciones sociales y figuras de oposición han comentado que eso es una muestra del deterioro de las garantías democráticas en el país.
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