La denominada Operación Red Interrumpida ejecutó medidas cautelares contra ocho sospechosos, con edades entre 19 y 31 años, localizados en los estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco y Rio Grande do Sul, en diligencias que cuentan con el apoyo de las policías civiles de esas entidades federativas.

La investigación, a cargo de la División de Prevención y Combate al Extremismo Violento de la PCDF, se inició tras recibir un informe técnico elaborado por el Ciberlab, laboratorio especializado de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, reportó el portal Metrópoles.

De acuerdo con las autoridades, el análisis de las comunicaciones atribuidas a los investigados reveló referencias reiteradas a Brasilia como destino de una movilización prevista para los comicios de octubre próximo.

Entre los materiales examinados figuran conversaciones sobre posibles invasiones de edificios públicos, criterios para seleccionar objetivos, estrategias de organización táctica y métodos de reclutamiento de participantes en distintas regiones del país.

Los investigadores también identificaron el intercambio de mapas, planos arquitectónicos y modelos tridimensionales de inmuebles ubicados en el área central de la capital brasileña, así como manuales con instrucciones para fabricar artefactos explosivos.

Según la Policía Civil, este último hallazgo fue determinante para solicitar las medidas cautelares, con el propósito de interrumpir las actividades atribuidas al grupo, preservar evidencias y profundizar las investigaciones.

Las órdenes judiciales de registro e incautación buscan recolectar dispositivos electrónicos, resguardar pruebas digitales y físicas, identificar posibles vínculos aún desconocidos y establecer el grado de organización y desarrollo de las acciones discutidas por los sospechosos.

Hasta el momento, el expediente investiga, de forma preliminar, la posible comisión de los delitos de asociación criminal, incitación al delito, apología del crimen o de delincuentes e infracciones contempladas en la legislación antirracista.

La corporación aclaró que, en la etapa actual de las pesquisas, los hechos no fueron tipificados bajo la Ley Antiterrorista brasileña y precisó que la eventual responsabilidad penal de cada investigado dependerá del análisis pericial del material incautado y de la conclusión del proceso, que permanece bajo secreto judicial.

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