El conglomerado gremial sostuvo que el ejecutivo libertario puso en marcha “una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX”, que “ataca la jornada de 8 horas”, “restringe el derecho a huelga, ataca a las organizaciones sindicales y busca tener jornadas laborales más extensas y salarios más bajos”.
Además, el Fresu denunció la existencia de una política de persecución política y disciplinamiento “cuyo ejemplo más cabal es la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)”, precisa una comunicación a la que tuvo acceso Prensa Latina.
Otro ejemplo es “la persecución mediática, gremial, jurídica y personal” desplegada por funcionarios del gobierno contra el secretario general de Pilotos (APLA), Pablo Biró, añade el texto.
Una delegación del Fresu viajó a Washington para presentar su denuncia lo cual hizo el martes en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“El espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación en jornadas más extensas y salarios más bajos”, declaró el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, al iniciar la exposición ante la CIDH.
Fresu solicitó la audiencia junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que lidera el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).
Participaron también representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte, y el presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini.
Aguiar sostuvo que la norma de la Organización Internacional del Trabajo de que la actividad laboral no es una mercancía se transformó en letra muerta.
Con esta reforma –agregó- “estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. En Argentina, enfrentamos un ataque al Estado de Derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que esta comisión debe actuar”.
La secretaria general del Consejo Nacional de Docentes Universitarios, Clara Chevalier, quien también integró la delegación, precisó que como parte de esa política de destrucción de los derechos laborales, el gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida.
Ilustró que esa desregulación disparó las tarifas del transporte, telefonía celular, internet, luz y gas, servicios que siguen subiendo. “Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres.”
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