“En el debate del Presupuesto 2027 fueron rechazadas más de 600 proposiciones. Detrás de ellas no hay simples cifras: hay regiones y entidades pidiendo recursos para seguridad, justicia, salud, educación, vivienda, vías, agua y desarrollo rural”, alertó en su cuenta de la red social X.
Manifestó asimismo el legislador su desacuerdo con los métodos empleados por el Ejecutivo de ignorar los planteamientos del Legislativo.
“Ojalá las demás bancadas no le sigan el juego a esta estrategia. Gobernar también es escuchar, concertar y corregir. El Congreso no puede convertirse en una notaría del Ejecutivo ni las regiones quedar por fuera de las decisiones. Un presupuesto nacional no se puede imponer: se debe debatir”, refirió.
Los coordinadores y ponentes del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 se reunieron ayer en el Salón Elíptico del Congreso para discutir las propuestas de modificación al documento, pero al debate no asistió el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el análisis del proyecto está actualmente estancado.
Las modificaciones propuestas suman en su conjunto un valor aproximado de más de 110 billones de pesos (34 mil 455 millones de dólares al cambio actual).
De acuerdo con las declaraciones del senador Carlos Meisel, citado por el diario La República, el Gobierno alegó que no puede avalarlas todas y habrá que estudiar algunas.
Las Comisiones Económicas tienen hasta el próximo viernes para aprobar el articulado, tras lo cual el proyecto pasará a debate en plenarias de Senado y Cámara.
El documento final debe recibir luz verde antes del 20 de octubre en el Legislativo, de lo contrario será aprobado por el Ejecutivo vía decreto.
El monto del presupuesto para el año que viene asciende a 634,9 billones de pesos (205 mil millones de dólares).
De acuerdo con el senador por el Pacto Histórico Wilson Arias, el número presentado por el Gobierno es una sobreestimación presupuestal “con la finalidad de poder abultar y justificar el endeudamiento para privilegiar a aquellos sectores tenedores de deudas”.
Señaló asimismo que se busca “propiciar una intervención del Fondo Monetario Internacional, que posiblemente en su plan de ajuste obligue a los colombianos a privatizar entidades” (…) en demérito del interés nacional.
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