La instancia revisa los elementos aportados por las partes durante la audiencia de sustentación de apelaciones promovidas por las defensas particulares y por el Ministerio Público, relacionadas con las medidas cautelares impuestas a los imputados.

Los magistrados Frank Torres, presidente del tribunal, Greta Marchosky y Carlos Barragán decretaron un receso tras concluir la audiencia y anunciaron que la decisión será comunicada el próximo 6 de agosto, a las 14:00, hora local, en la sala 6 del Sistema Penal Acusatorio, ubicada en Plaza Fortuna, en esta capital.

De acuerdo con el Órgano Judicial, la investigación está vinculada con la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, la fe pública, el orden económico y la administración pública, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Durante la audiencia, el tribunal admitió el desistimiento de las apelaciones presentadas por las defensas de ocho personas imputadas que inicialmente buscaban revocar la detención provisional dictada por una jueza de garantías. No obstante, cinco procesados mantuvieron sus recursos contra esa medida cautelar.

Por su parte, el Ministerio Público sustentó dos apelaciones contra las medidas de detención domiciliaria concedidas a dos imputados por razones médicas, con el propósito de que sean revisadas por el tribunal.

La resolución determinará si se mantienen, modifican o revocan las medidas cautelares vigentes para los investigados.

Las pesquisas sobre el presunto fraude con créditos fiscales estiman una afectación patrimonial cercana a los 40 millones de dólares y también motivaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a anunciar el reemplazo del sistema tributario e-Tax 2.0, utilizado por la DGI para la gestión de diversos trámites fiscales.

El titular del MEF, Felipe Chapman, informó que el Gobierno desarrolla una nueva plataforma tecnológica con mayores mecanismos de control y trazabilidad de las operaciones tributarias, luego de que la investigación detectara presuntas manipulaciones para crear, transferir y comercializar créditos fiscales.

Como parte de las acciones adoptadas, las autoridades ordenaron el congelamiento de créditos fiscales vinculados al caso, la separación de funcionarios presuntamente relacionados con la investigación y una auditoría integral de los procesos internos de la DGI, mientras el Ministerio Público continúa las pesquisas para establecer las responsabilidades correspondientes. /ga