La decisión fue adoptada por el pleno del STJ durante una sesión administrativa reservada, en la que la mayoría de los magistrados respaldó la aplicación de la máxima sanción disciplinaria: la pérdida del cargo.

Tal proceso marca un hecho inédito en la historia de la máxima corte, luego de que esa instancia estableciera este año que la destitución puede sustituir la antigua pena de jubilación obligatoria para magistrados responsables de infracciones graves, apuntó agencia Brasil.

Buzzi permanecía apartado de sus funciones desde febrero último, cuando se abrieron investigaciones tras las denuncias presentadas por una joven de 18 años y una exasesora de su despacho.

Ambas mujeres relataron episodios de importunación y acoso sexual ocurridos en diferentes circunstancias, acusaciones que el magistrado rechazó desde el inicio del proceso.

La comisión disciplinaria encargada de instruir el caso concluyó que las pruebas reunidas durante el procedimiento administrativo corroboraban los testimonios de las denunciantes y justificaban la aplicación de la sanción más severa prevista para un integrante del tribunal.

Ese criterio fue respaldado por el Ministerio Público Federal, que también defendió la separación definitiva del magistrado.

Según la defensa de Buzzi, los hechos imputados no ocurrieron como fueron descritos, y alegó insuficiencia de pruebas para sustentar las acusaciones.

Los abogados anunciaron que impugnarán la decisión por las vías legales disponibles y reiteraron la inocencia del otrora ministro.

Este caso adquirió amplia repercusión en Brasil por tratarse de uno de los más relevantes procesos disciplinarios contra un integrante de un tribunal superior y por coincidir con cambios recientes en el régimen sancionador de la magistratura.

Mediante la nueva interpretación jurídica se busca reforzar la responsabilidad de los jueces ante conductas consideradas incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Además del procedimiento concluido en el STJ, los hechos denunciados dieron lugar a investigaciones en otras instancias, entre ellas el Consejo Nacional de Justicia y la Policía Federal, que continúan con el análisis de las posibles responsabilidades derivadas de las acusaciones.

Reportes de prensa recalcaron que la resolución del tribunal constituye un precedente para futuros procesos disciplinarios dentro del Poder Judicial brasileño y fortalece las medidas dirigidas a combatir la violencia y el acoso sexual en las instituciones.

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