Al presentar un balance de un año y siete meses de gestión del Ministerio Público (MP), el funcionario informó que la institución acumula mil 670 imputaciones, 245 operaciones, 242 condenas y la recuperación de nueve millones de dólares vinculados a procesos por corrupción.
Gómez indicó que la persecución de los delitos contra la administración pública tropieza con penas que considera reducidas para algunas conductas, plazos de prescripción, demoras en la entrega de información por parte de instituciones y empresas, así como dificultades para incorporar determinadas pruebas durante los juicios.
Además subrayó que, pese a esas limitaciones, el MP mantiene abiertas investigaciones de alto impacto, entre ellas la denominada Operación Pandora, considerada una de las principales causas por millonario fraude fiscal al Estado.
La investigación comprende presuntos delitos de falsificación de documentos, blanqueo de capitales y delincuencia organizada y fue declarada de carácter complejo, con un período inicial de ocho meses de instrucción, prorrogable según las necesidades del proceso.
Sobre ese caso, Gómez reiteró que en el Ministerio Público «no hay intocables» y aseguró que la institución investiga los hechos que puedan constituir delitos para llevar ante los tribunales a sus responsables.
Otra de las investigaciones de mayor repercusión corresponde al denominado caso de la descentralización paralela, sobre el cual el MP recibió 320 denuncias sustentadas en informes de la Contraloría General, con y sin lesión patrimonial.
El Procurador también se refirió a la investigación seguida contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo (2019-2024), acusado de enriquecimiento injustificado.
En cuanto a una eventual reforma legal, el Procurador reiteró la necesidad de revisar los plazos de prescripción de los delitos de corrupción, aunque descartó respaldar que todas esas conductas sean declaradas imprescriptibles.
A su juicio, esa posibilidad requiere un análisis técnico-jurídico que garantice el equilibrio entre la certeza del castigo y la seguridad jurídica, al recordar que en Panamá la imprescriptibilidad se aplica únicamente a los delitos de lesa humanidad.
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