En lo que resultó una derrota para el ejecutivo de Javier Milei y en particular para su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, su diseñador, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, reunió a propios y aliados, y extirpó del anteproyecto la iniciativa para vender a extranjeros toda la tierra argentina que desearan.
El oficialismo hizo esa concesión a última hora a sus aliados parlamentarios para asegurar que se lleve adelante la sesión de este jueves, ya que no llegaban a conseguir los 37 votos necesarios para tratar el proyecto.
Ahora la incógnita es si esa concesión alcanzará para reunir los votos necesarios para aprobar el resto del proyecto o si el quiebre de los acuerdos también pondrá en riesgo los demás capítulos de la iniciativa.
La propuesta mantiene, de todas maneras, una reforma de 48 artículos que acelera desalojos, modifica la Ley de Manejo del Fuego para permitir el uso y venta de terrenos boscosos quemados, endurece las expropiaciones y cambia las reglas sobre la propiedad privada.
En todos los casos, el objetivo declarado por el gobierno es reforzar el derecho de propiedad y reducir la intervención del Estado.
Un punto muy controversial y cuestionado es el capítulo que modifica la Ley de Manejo del Fuego. La normativa vigente impide desde hace hace unos años el uso de tierras afectadas por incendios para evitar que se prenda fuego con fines inmobiliarios, turísticos o productivos. La reforma elimina parte de esas restricciones.
La presidenta de la Asociación Americana de Juristas, rama argentina, Claudia Rocca, señaló a Prensa Latina que con esa medida la administración de Javier Milei busca facilitar futuros emprendimientos sobre tierras incendiadas y debilita una herramienta creada para desalentar incendios intencionales.
Eso quiere decir que, de aprobarse, sería legal usar y vender tierra rural inmediatamente después de un incendio — justo el incentivo que la ley actual desde 2020 busca evitar, precisó Rocca.
“Lo denunciamos ante la Corte porque no es un detalle técnico: es el mismo territorio, la misma emergencia y el mismo riesgo ambiental que venimos reclamando que se proteja”, recalcó la jurista.
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