El primer paso en este sentido lo dio Italia desde el 1 de agosto, a raíz de la invasión de alrededor de 80 mil migrantes irregulares de Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta.
Aunque hubo intentos por parte de Madrid al pedirle a Roma que levantara la restricción a ciudadanos españoles, finalmente el Gobierno de Giorgia Meloni la extendió hasta el 7 de septiembre.
La respuesta no se hizo esperar. El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó este sábado a diferentes autoridades de la UE la decisión de restablecer los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italian.
En un comunicado, se dio cuenta de que la medida fue remitida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros de la UE y de los Estados asociados a Schengen, Thérèse Blanchet.
Grande-Marlaska comentó que las autoridades españolas siguen con atención la evolución de la situación migratoria en el espacio Schengen y, en particular, la presión migratoria registrada en la ruta del Mediterráneo central que afecta a Italia y sus efectos sobre distintos Estados miembros por la actividad de las redes de delincuencia transfronteriza.
Según el texto, dadas las posibles repercusiones de esta situación para el orden público y la seguridad interior, España determinó reintroducir de manera temporal controles en determinadas fronteras interiores, de conformidad con los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, el denominado Código de Fronteras Schengen.
Se aplicará a las conexiones aéreas y marítimas entre el Reino de España y la República Italiana desde las 00.00 horas del 8 de agosto y hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre.
Este plazo podrá ser modificado en función de la evolución de las circunstancias que justifican su adopción y, a su vencimiento, las autoridades españolas realizarán una nueva evaluación de la situación, de acuerdo con Grande-Marlaska. Aunque el panorama en Ceuta tiende a normalizarse, todavía quedan más cuatro mil personas, o más, que deambulan por la ciudad tras su ingreso de forma ilegal.
También mil 105 menores no acompañados, a los cuales por ley, les corresponde ser redistribuidos en distintas regionales de España, algo a lo cual se oponen algunas comunidades dirigidas por el conservador Partido Popular (PP= y la ultraderecha de Vox.
En medio de tensiones políticas nacionales, que trascendieron a la UE, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, puso en duda la colaboración por parte de las autoridades marroquíes y consideró que «Marruecos no es un país fiable».
«Aquí se trata de cumplir la ley, y es lo que espero que haga todo el mundo que tenga algún tipo de responsabilidad, ya sea al frente de una comunidad autónoma o del Gobierno. No espero otra cosa», recalcó.
En 2021, ante la decisión española de atender clínicamente en Logroño a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, Rabat abrió sus controles para permitir que 10 mil personas desbordaran los límites territoriales con Ceuta.
Ahora, según expertos, puede estar como elemento la reciente visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Argelia, un país con el cual Marruecos tiene una permanente rivalidad.
Ceuta y Melilla son ciudades autónomas pertenecientes al país ibérico desde hace más de 500 años. Sin embargo, Rabat las reclama por motivos geoestratégicos, económicos y nacionalistas.
El Estado marroquí considera que son «presidios ocupados» o reliquias coloniales.
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