Deberá dar explicaciones desde el desfasaje de 43 millones de pesos (28.472 dólares) de pesos hasta los gastos por más de 400 mil dólares que realizó, así como la procedencia de todo ese dinero.

Este es uno de los cuatro escándalos de corrupción que salpican directamente a la cúpula del poder ejecutivo argentino; los otros son la multimillonaria estafa por la criptomoneda falsa $Libra que promovió el presidente Javier Milei, las coimas procedente de la sobreventa de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad y el proceso por lavado de dinero procedente del narcotráfico del exlegislador José Luis Espert.

Adorni tendrá 15 días para intentar aclarar al menos 20 puntos que se mantienen en duda, que incluyen propiedades, criptomonedas y facturas en el marco de la causa que investiga su presunto enriquecimiento ilícito. Si su descargo no convence, el fiscal Pollicita lo convocará a indagatoria. El monto de dinero bajo la mira de la justicia proviene de incrementos, adquisiciones y desembolsos que, confrontados con los ingresos lícitos acreditados, «no encuentran hasta el momento explicación suficiente», por lo que ahora deberán ser justificados.

Tras analizar documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de informes sobre activos virtuales y testimonios, la Fiscalía concluyó que existían inconsistencias que justificaban el requerimiento.

Según el dictamen, el análisis de la prueba permitió estructurar una intimación en 20 puntos concretos que Adorni deberá responder y aportar la documentación correspondiente, para lo que tiene de plazo 15 días.

Pollicita presentó un dictamen de 207 fojas ante el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo y le dio 15 días a Adorni para explicar el origen de una serie de fondos, compras, gastos y movimientos financieros. También deberá aclarar operaciones con dólares, inmuebles, vehículos, criptomonedas, tarjetas y dinero en efectivo.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, en la que se atribuyó al exfuncionario la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito debido a gastos que, según la presentación, serían «prima facie desproporcionados respecto de sus ingresos legítimos como funcionario público».

La denuncia tuvo luego dos ampliaciones, realizadas por Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.

mh