La entidad cuestionó la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 32/2015, aprobada en junio por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados, y actualmente en trámite en el Congreso Nacional.

En una nota, la SBP alertó que la iniciativa busca modificar la Constitución Federal y el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia (ECA), bajo el argumento de la participación significativa de adolescentes en delitos con resultado de muerte.

Sin embargo, según los datos citados por los pediatras, los menores de 18 años son responsables de entre 0,5 y dos por ciento de los homicidios o delitos considerados atroces, dependiendo de la metodología utilizada, mientras los adultos responden por entre 98 y 99,5 por ciento de esos crímenes.

La sociedad médica sostuvo además que no existe evidencia científica consistente de que disminuir la edad de responsabilidad penal contribuya a reducir la criminalidad juvenil.

“Ningún país con esa experiencia presenta datos validados sobre disminución de tasas”, señaló la nota, al destacar que la literatura científica disponible tampoco permite afirmar que las naciones que adoptaron medidas de ese tipo hayan registrado una reducción mensurable de los delitos cometidos por adolescentes.

Los pediatras subrayaron que niños y jóvenes figuran también entre las principales víctimas de la violencia y de los delitos con resultado de muerte en Brasil.

Datos citados por la entidad indican que, entre 2016 y 2020, unos 35 mil niños y adolescentes de hasta 19 años perdieron la vida de forma violenta en el país, lo que representa un promedio de siete mil fallecimientos anuales.

La SBP defendió, en ese contexto, el cumplimiento de las garantías establecidas en el artículo 227 de la Constitución Federal y en el artículo 4 del ECA, que atribuyen a la familia, la comunidad, la sociedad y el poder público el deber de garantizar los derechos de niños, adolescentes y jóvenes.

La PEC 32/2015 todavía deberá superar varias etapas antes de una eventual modificación constitucional. Tras la aprobación en la CCJ, el texto será analizado por una comisión especial temporal, encargada de examinar su contenido, indicó la Agencia Brasil.

Si obtiene el respaldo de esa instancia, la propuesta será sometida a dos votaciones en el pleno de la Cámara de Diputados, donde necesitará el apoyo de al menos tres quintas partes de los parlamentarios, equivalente a 308 de los 513 diputados, en cada turno.

En caso de aprobación, la materia será remitida al Senado Federal, donde deberá cumplir un procedimiento similar antes de convertirse eventualmente en una enmienda a la Constitución.

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