La inclinación oficial de anular cuatro leyes que el Ministerio de Economía considera que generan desequilibrio fiscal, fue anunciada por el titular de la cartera, Elmer Cuba, con el fin de garantizar la estabilidad ecoonómica.
Se estima que el monto de la afectación, aproximadamente 57 mil millones de soles (16 mil 765 millones de dólares) y, según el ministro, causaría el incremento del déficit fiscal, de 1,8 por ciento del Producto Interno Bruto en 2026 a tres por ciento en 2027.
Las normas mejoran principalmente las pensiones de jubilación de maestros y de militares y reconocen derechos para los empleados del aparato estatal que laboran en situación de virtual precariedad y sueldos menores a lo normal.
El titular de Economía señaló que la nulidad de las regulaciones que contradicen la norma constitucional que dispone que el Parlamento carece de capacidad de gasto, lo que eludió el Legislativo, controlado por una coalición encabezada por el partido Fuerza Popular, de la nueva presidenta, Keiko Fujimori.
Previamente, quebró la citada norma al interpretarla como referida solo a gastos del año vigente, por lo que el Legislativo podía disponer desembolsos en el siguiente año fiscal y reprogramó la aplicación de las leyes para 2027.
Lo curioso es que el Tribunal Constitucional -cuyos miembros son acusados por sectores de oposición de afinidad con el fujimorismo- dio luz verde al Congreso para las leyes ahora en duda y tras el cambio de gobierno, reconoció que la limitación original debe prevalecer.
Analistas políticos señalaron que la reversión de las mejoras en el caso de los militares puede generar malestias en los cuarteles y conflictos sociales en los casos de maestros y empleados públicos
“Las cuatro leyes fueron respaldadas por Fuerza Popular en el Congreso. Ahora, desde el Ejecutivo, el mismo partido busca frenarlas por su impacto fiscal”·, comentó el diario La República.
El mismo rotativo contrastó el intentó de revertir las polémicas leyes con el régimen de exoneraciones tributarias para las grandes y muy prósperas empresas agroexportadoras, a las que no toca el Ministerio de Economía y Finanzas.
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