El texto consta de seis capítulos y 47 artículos que abarcan los mecanismos y responsabilidades institucionales, la tramitación de casos, la cooperación internacional, la integridad y el cumplimiento normativo, así como las responsabilidades legales.

La legislación tiene como objetivos prevenir y sancionar las conductas corruptas transfronterizas, profundizar la cooperación internacional contra ese fenómeno y salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país.

De acuerdo con los reportes oficiales, también busca contribuir a la construcción de un sistema de gobernanza global contra la corrupción más justo y razonable.

China desea cerrar vacíos legales para perseguir la corrupción vinculada con operaciones en el extranjero, recuperar activos ilícitos y reforzar los controles sobre las empresas nacionales que operan internacionalmente.

La normativa se inserta en la campaña anticorrupción impulsada por el gobierno y busca dotar al país de un marco jurídico más sistemático para tramitar casos que involucran a varias naciones.

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