En la audiencia pública convocada por esa corte para conocer los argumentos de distintos sectores sociales en torno a ese proyecto de La Moneda, estuvieron Greenpeace Chile, Fundación Terram y la Organización No Gubernamental FIMA, entre otros.

El común denominador de las exposiciones de estos grupos fue que las medidas de la también llamada Ley Miscelánea debilitan la capacidad del Estado para prevenir daños al entorno.

Además, dificultan el acceso a la justicia de los pobladores para oponerse a proyectos que afectan sus territorios y destruyan o causen perjuicios graves a sus condiciones de vida.

Un punto que fue señalado como particularmente dañino fue la relocalización de explotaciones salmoneras hasta 350 metros alrededor, sin necesidad de hacer nuevos estudios de impacto en la naturaleza.

La directora de Terram, Flavia Liberona, afirmó que tal y como está, esa medida vulnera la protección constitucional del medioambiente y la igualdad ante la ley, al otorgar privilegios a un sector productivo, que no tienen otras actividades.

Roxana Núñez, de Greenpeace, dijo que trasladar una actividad no es sólo mover una concesión en el mapa, sino cambiarla junto a todos sus efectos y consecuencias a un nuevo lugar, donde pueden existir condiciones ambientales completamente distintas.

Mientras, el responsable del grupo FIMA, Ezio Simone Costa, aseguró que como están redactadas las disposiciones medioambientales de la megarreforma afectan el derecho al acceso a la justicia ambiental y a vivir en un lugar libre de contaminación.

Precisó el jurista que esto significa una violación clara al Acuerdo de Escazú, firmado y ratificado por Chile, donde está reconocido el derecho a la participación pública en procesos de toma de decisiones en materia de medioambiente.

Tras la audiencia pública del miércoles, mañana el Tribunal Constitucional (TC) escuchará a los juristas y representantes legales de las partes, antes de adoptar una decisión.

Además, el TC analizará los requerimientos por el pago de una indemnización a empresas cuyos programas sean rechazados por tribunales medioambientales, así como la invariabilidad tributaria para las grandes empresas por un período de hasta 20 años.

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