La discusión se desarrolla en el marco de Watape Ome, un curso sobre cierre, taponamiento y abandono de pozos petroleros para la reparación de los territorios, que tendrá lugar del 12 al 16 de agosto.

La iniciativa combinará una fase teórica en la Universidad Regional Amazónica Ikiam con una visita de campo a la comunidad Bataboro, en territorio de la comunidad indígena waorani, para abordar desde las experiencias comunitarias los impactos de la actividad petrolera.

Durante un encuentro con los medios, Juan Bay, presidente de la nacionalidad Waorani del Ecuador, recordó que en agosto de 2023 los ecuatorianos votaron por mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra y cerrar los pozos que se encuentran, en el Bloque 43 ITT, en la Amazonía.

El dirigente cuestionó el incumplimiento del mandato popular y atribuyó la situación a la falta de voluntad política del Gobierno.

“Gracias a nuestra resistencia se mantiene la Amazonía”, afirmó Bay, quien destacó además el reconocimiento de los derechos de la naturaleza incorporado por Ecuador y señaló que la decisión sobre el Yasuní debe traducirse ahora en acciones concretas.

Wilson Ima, también representante waorani, sostuvo que las comunidades continúan “luchando y resistiendo” por una naturaleza que han preservado y rechazó la continuidad de actividades que afectan al beneficio común. Manai Prado, de Acción Ecológica, coincidió en que el principal obstáculo para cumplir el mandato popular es la falta de voluntad política, pues especialistas consideran técnica y económicamente posible cerrar las operaciones.

“Ya no discutimos si es necesario, la decisión está tomada, lo que debatimos es cómo se tiene que hacer teniendo en cuenta la reparación”, señaló.

El cierre del Bloque 43-ITT implica más que detener la extracción y retirar infraestructura, pues es necesario el taponamiento de los pozos, el desmantelamiento de plataformas, la gestión de ductos y líneas de transporte, así como la descontaminación de suelos y aguas y la restauración de los ecosistemas.

Los promotores de la iniciativa sostienen que la reparación debe incluir también a las comunidades afectadas por décadas de actividad petrolera y considerar aspectos como salud, acceso al agua y daños sociales y culturales.

El ingeniero petrolero Dwayne Purvis, que participa en el encuentro, advirtió que la industria no se encuentra suficientemente preparada para afrontar el cierre de los pozos al final de su vida útil, tanto en Ecuador como en otros países.

Identificó como principales desafíos la disponibilidad de recursos financieros, la ejecución adecuada del taponamiento y la garantía de que los pozos queden sellados sin fugas que puedan provocar nuevos impactos ambientales.

De los más de 200 pozos abiertos en el Bloque 43 ITT, el gobierno informó que cerraron 10 en 2024, con lo cual queda en funcionamiento una gran parte del campo a pesar del mandato popular que busca preservar uno de los sitios más biodiversos del planeta.

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