Quizás la mayor de las inconformidades, reveladas por medios locales e internacionales, está relacionada ahora con la falta de solicitud de ayuda de grupos de rescatistas a otros países.

La primera de las alertas la ofreció el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Según comentó el mandatario, el Gobierno de Colombia solicitó ayuda humanitaria “únicamente en forma de insumos y no de personal”, debido a que sus rescatistas y equipos de emergencia ya estaban desplegados.

Sin embargo, el del país centroamericano no resultó un caso aislado.

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, una asociación civil mexicana integrada por voluntarios especializados en la búsqueda de sobrevivientes en estructuras colapsadas, reveló que autoridades colombianas le comunicaron que no permitirán el ingreso de grupos externos “ya que la emergencia está cubierta por sus rescatistas nacionales”.

La información refiere que el Estado neogranadino solo evalúa aceptar el apoyo de Chile, Ecuador y Estados Unidos.

Según se infiere, Colombia invocó los lineamientos del sistema Insarag de la ONU, que establece que la soberanía de la nación afectada determina qué ayuda internacional acepta y bajo qué condiciones.

Durante la víspera, el partido progresista Pacto Histórico informó que radicará una solicitud ante la Cancillería y la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres para que se expidan las comunicaciones diplomáticas y se activen los mecanismos necesarios para aceptar y coordinar las ayudas humanitarias ofrecidas por otros países y organismos internacionales. “En una tragedia de esta dimensión, Colombia no puede dejar perder ninguna capacidad de rescate, insumo médico o recurso que pueda contribuir a salvar vidas”, enfatizó en su comunicado.

En una evidente postura a la defensiva, la Cancillería difundió luego las ayudas humanitarias, aunque no grupos de rescate, que llegarían al territorio procedentes de otras naciones.

Si bien es quizás la más sensible, otras recriminaciones rodearon al gobierno de De la Espriella durante las primeras horas de la gestión del desastre.

El diario El Espectador, por ejemplo, advirtió cómo, en medio de los destrozos ocasionados por el terremoto, el recién posesionado gobernante abrió un “lío diplomático” por su decisión de reconocer una supuesta soberanía de Israel sobre los Altos del Golán.

“El país está en duelo por la tragedia ocasionada por el sismo y, a la par, el nuevo Gobierno tomó una decisión en materia de política exterior que pone a Colombia en una posición más vulnerable ante el resto del mundo”, resumió el medio, que también calificó el anuncio como una ruptura con el derecho internacional.

Otras alertas en torno al manejo de la tragedia tienen que ver con las incongruencias entre la cifra oficial de fallecidos manejada por el gobierno y aquella que resulta de la suma de los datos ofrecidos por los gobernadores y alcaldes de las regiones.

El mandatario también fue objeto de críticas en redes sociales por mostrarse sonriente, hacer un saludo militar y lanzar besos mientras se posesionaba frente a los micrófonos para comunicarle al país el balance de las víctimas mortales.

Algunos internautas mostraron asimismo inquietud de que la primera dama, Ana Lucía Pineda, asumiera el liderazgo en la coordinación de la ayuda humanitaria y la recolección de donaciones a través de la red de apoyo institucional.

Además de cuestionar la personalización de la ayuda humanitaria a través de movimientos afines al gobierno, quienes se muestran en desacuerdo con esa decisión también refieren que esa labor debería recaer en personas más experimentadas en la materia.

En estos momentos, la cifra de víctimas mortales en Colombia superaría los 200, se estima que un número similar de personas aún se encuentran atrapadas bajo los escombros y se cuentan por decenas los desaparecidos.

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