Según planteó el congresista por el Pacto Histórico, el funcionario incurre en abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, hostigamiento, calumnia y peculado por uso.

“También, interpondré en su contra queja disciplinaria ante la Procuraduría por utilizar bienes públicos para fines personales y por realizar actos de difamación contra otro servidor público”, detalló el legislador en su cuenta de la red social X.

Manifestó Cepeda que la cuenta oficial del Ministerio del Interior es un canal institucional del Estado colombiano, no un medio personal para que su titular tramite odios y obsesiones personales.

La Ley 2345 de 2023 establece que las cuentas institucionales deben servir para informar sobre el ejercicio de las funciones públicas y el artículo 209 de la Constitución exige imparcialidad en la administración pública, remarcó en su pronunciamiento.

“¿En ejercicio de qué función desde la cuenta oficial del Ministerio promueve un montaje de fotografías para deslegitimar los esfuerzos de paz del líder de la oposición? Los recursos y canales del Estado deben servir al interés general, no confundirse con las controversias y obsesiones personales de quienes ejercen temporalmente el gobierno”, cuestionó.

Ordóñez es el segundo ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella, tras la destitución de Rodrigo Lara.

El titular es un abogado y político colombiano de tendencia conservadora tradicionalista que ocupó diversos cargos, entre ellos el de procurador general entre 2009 y 2016.

Es recordado como el responsable de la destitución e inhabilitación, en 2013, del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro, lo cual desató masivas movilizaciones sociales y fue posteriormente revertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determinó que un órgano administrativo no podía quitarles los derechos políticos a funcionarios elegidos por voto popular.

Su salida de la Procuraduría en 2016 ocurrió luego de que el Consejo de Estado declarara nula su reelección en el puesto.

El tribunal concluyó que Ordóñez violó el artículo 126 de la Constitución al nombrar en cargos de la Procuraduría a familiares y allegados de los magistrados de las altas cortes y senadores que tenían la facultad de postularlo y elegirlo para su segundo periodo.

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