El Tribunal Regional Federal de la Sexta Región analizará el recurso contra una sentencia de primera instancia emitida en 2014, que rechazó solicitudes relacionadas con los derechos territoriales de la comunidad.
Machadinho fue certificada como comunidad quilombola por la Fundación Cultural Palmares en 2004; al año siguiente, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) inició el proceso de regularización y, en 2009, publicó el Informe Técnico de Identificación y Delimitación.
El documento delimitó un territorio de dos mil 217,5 hectáreas para 318 familias, pero el proceso no ha avanzado hasta la titulación definitiva de las tierras.
Los quilombolas son comunidades que se autodefinen a partir de vínculos específicos con la tierra, el territorio, la ancestralidad, las tradiciones y prácticas culturales propias. El Estado brasileño reconoce sus derechos territoriales como parte de la reparación histórica de la población negra.
Uno de los principales puntos que deberá resolver el tribunal es la interpretación de los criterios para reconocer a una comunidad como quilombola, indicó al respecto el portal ICL Notícias.
La Asociación Quilombola de Machadinho sostiene que la sentencia de 2014 utilizó una concepción restrictiva, basada en elementos históricos como la resistencia armada o la fuga de personas esclavizadas.
Ese criterio es cuestionado por la comunidad, debido a que el Decreto 4.887 de 2003 reconoce la autodefinición como elemento para caracterizar a estos grupos y, en 2018, el Supremo Tribunal Federal declaró constitucional ese decreto. La Constitución brasileña garantiza a los remanentes de las comunidades quilombolas la propiedad definitiva de las tierras que ocupan y establece la obligación del Estado de emitir los títulos correspondientes.
Tal conflicto está relacionado también con la minería de oro en Paracatu. La acción judicial cuestionó licencias vinculadas con la expansión de la entonces empresa Rio Paracatu Mineração, operación actualmente controlada por la compañía canadiense Kinross.
El expediente incluye además a las comunidades quilombolas Amaros y São Domingos, ubicadas en el área de influencia del emprendimiento minero.
En noviembre de 2025, el relator del proceso, magistrado Marcelo Dolzany da Costa, convocó una audiencia con representantes de las comunidades, el Incra, el Ministerio Público Federal, organismos ambientales y la empresa minera.
Durante la reunión se abordaron, entre otros asuntos, las impugnaciones relacionadas con la superposición entre áreas de los territorios quilombolas y propiedades de la minera, una de las dificultades para avanzar en la regularización.
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