Un comunicado de este órgano, creado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, indicó que estos ciudadanos se encontraban bajo régimen de detención, “por su presunta o comprobada participación” en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano. Las referidas medidas fueron acordadas por los tribunales nacionales, a petición del Ministerio Público, después que el Programa solicitara a los órganos del Sistema de Justicia Penal evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República.

El Programa para la Paz y Convivencia Democrática ratificó que continuará, en forma decidida, apoyando las iniciativas del Gobierno nacional y de la sociedad civil organizada.

Orientadas, aseguró, a favorecer el reencuentro entre los venezolanos, el fortalecimiento del tejido social de la nación y la consolidación de la paz de la República.

Esta iniciativa surgió el pasado 23 de enero por iniciativa de Rodríguez y según los datos oficiales, desde entonces a la fecha, benefició a casi nueve mil personas que se encontraban privadas de libertad o cumplían sanciones alternativas en sus residencias.

En un balance el 9 de mayo último sobre el Programa, la dignataria encargada llamó a seguir avanzando y manifestó su fe y esperanza en que este pueda llegar a “todos los venezolanos”.

Subrayó que a través de él pudo entender con mayor amplitud el derecho de ser diverso, no solo desde el punto de vista de la diversidad sexual, sino para la pluralidad política, opinó.

Rodríguez reafirmó que toca seguir perseverando e insistió en el “derecho a ser diverso, no solamente para la sexodiversidad, sino para la diversidad política”, aunque reconoció que “no es fácil”.

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