Señaló que la medida, similar a las aplicadas por otros países de la región, se incluye en la agenda del Gobierno de Keiko Fujimori para hacer del Estado un aparato más eficiente, ágil y orientado a resultados, según dijo.

La reestructuración, anotó, está bajo análisis e incluirá la mejora de la capacidad del Estado de brindar servicios y ejecutar políticas públicas de manera eficiente.

Sectores conservadores del partido gobernante Fuerza Popular y organizaciones afines, propugnan desde hace años la eliminación de los ministerios de la Mujer, de Cultura y de Desarrollo e Inclusión Social, entre otros.

La posible reducción en Perú se sumaría a las aplicadas por gobiernos neoliberales de Ecuador, que han rebajado de 20 a 10 el número de ministerios; de Argentina, que pasó de tener 18 a 10, y de Bolivia, que eliminó los ministerios de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Cultura, Folclor y Gastronomía.

El también neoliberal gobierno de Colombia, recientemente elegido, se propone bajar de los 19 actuales a entre 10 y 13, aunque el cambio debe esperar la aprobación por el Parlamento de una ley que cambie el número de carteras del Ejecutivo. De otro lado, el ministro peruano Cuba confirmó que el aumento del salario mínimo mensual anunciado por la presidenta en su discurso de inició de mandato, será aplicado en noviembre previa revisión del Consejo Nacional del Trabajo.

Esa instancia reúne a representantes de las centrales sindicales, los gremios de empresarios y el Ministerio de Trabajo, y sus acuerdos requieren de unanimidad y la parte empresarial siempre veta los aumentos salariales alegando que generan inflación.

Sobre leyes que mejoran los salarios de los maestros los militares y las pensiones de jubilación de ambos sectores, dijo que deben aplicarse «civilizadamente» y las cuestionó por considerarlas ilegales.

Las normas fueron aprobadas en el Parlamento renovado junto a la Presidencia con aparentes fines electorales y contaron con la aprobación del Partido Fuerza Popular, de la hoy presidenta Keiko Fujimori.

La leyes fueron aprobadas pese a que la Constitución establece que el Parlamento carece de iniciativa de gasto, aunque este interpretó que el veto nada dice sobre aprobar gastos a ejecutarse en el año fiscal siguiente, lo que aprobó el Tribunal constitucional (TC).

Tras la elección de Fujimori, ante una apelación, dictamnó lo contrario y dejó sin efecto su luz verde a la aprobación de leyes que disponen gastos.

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