En el encuentro participaron el presidente iraquí, Nizar Amidi; el primer ministro, Ali al-Zubaidi; la presidenta del Parlamento, Haibat al-Halbousi, y el presidente del Tribunal Supremo, Faiq Zaidan, según un comunicado de la oficina del jefe de Gobierno difundido por la Agencia de Noticias Iraquí (INA).
Los asistentes examinaron la situación general del país y los acontecimientos regionales, y expresaron su respaldo a los esfuerzos del Ejecutivo para aplicar su programa ministerial y sus prioridades, con el objetivo de atender las necesidades de la ciudadanía y mejorar las condiciones de vida y los servicios públicos.
Las cuatro presidencias subrayaron la importancia de restringir las armas al control del Estado, al considerar que esa medida constituye un elemento esencial para consolidar la autoridad institucional y fortalecer el Estado de derecho.
Hace aproximadamente una semana, el primer ministro Ali al-Zubaidi ordenó preparar un proyecto de ley destinado a reforzar el monopolio estatal de las armas.
El pasado 3 de junio, el portavoz militar iraquí, Sabah al-Nu’man, anunció la formación de un comité encargado de avanzar en ese objetivo y confirmó el inicio de sus trabajos.
La presencia de armas fuera del control estatal constituye uno de los principales desafíos políticos y de seguridad en Irak, debido a la existencia de facciones armadas, algunas vinculadas a las Fuerzas de Movilización Popular y otras que operan de manera independiente.
Durante la reunión, las autoridades insistieron además en continuar los esfuerzos contra la corrupción administrativa y financiera, reforzar las medidas de protección de los fondos públicos y procesar a los responsables de irregularidades. Iraq desarrolla desde hace meses una campaña judicial y de seguridad relacionada con presuntos casos de corrupción dentro de instituciones estatales.
Parte de las investigaciones está vinculada con el ex viceministro de Petróleo para Asuntos de Refinación, Adnan al-Jumaili, detenido bajo sospecha de malversación de fondos públicos y de firmar contratos en violación de la ley, tras su destitución el 2 de junio.
En cuanto al contexto regional, los participantes destacaron la necesidad de reducir las tensiones, poner fin a las crisis y respaldar el diálogo y la diplomacia como vías para resolver los conflictos de manera pacífica.
También reiteraron el rechazo de Bagdad al uso de su territorio para atacar a terceros o lanzar acciones hostiles desde suelo iraquí, y enfatizaron que el país no debe convertirse en escenario de disputas regionales o internacionales.
La posición fue expresada en medio de las persistentes tensiones relacionadas con el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que desde finales de febrero ha incluido intercambios de ataques y acciones contra intereses estadounidenses en distintos puntos de la región, incluido Irak.
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