La entidad, tras realizar un análisis, concluyó que las afectaciones sobre los pueblos étnicos no se limitan al daño físico de las viviendas, sino que también comprometen espacios educativos y comunitarios, servicios públicos, condiciones de movilidad y comunicación, bienes familiares y el bienestar emocional de las comunidades.

En virtud de la situación, insistió en el organismo en la importancia de aplicar una respuesta que combine la atención humanitaria con evaluaciones técnicas, acompañamiento psicosocial y medidas orientadas a recuperar condiciones seguras y dignas de habitabilidad, teniendo en cuenta las particularidades y vulnerabilidades de esos asentamientos.

Divulgó que, hasta la fecha, se conocen 77 reportes de afectaciones.

Solo en la más reciente actualización, ahondó, se supo de 17 nuevos registros en 12 municipios de Chocó y Quindío, relacionados con daños en viviendas e infraestructura y necesidades de alojamiento, alimentación, agua potable, atención humanitaria y en salud, apoyo psicosocial, evaluación técnica y reparación o reconstrucción.

Agregó la Defensoría que los nuevos reportes muestran además cómo en varios territorios las consecuencias del sismo se superponen a condiciones previas de desplazamiento, aislamiento, falta de servicios básicos, riesgo por inundaciones o procesos pendientes de reasentamiento.

Apuntó asimismo que en el departamento de Chocó el aislamiento y vulnerabilidades previas agravan los daños ocasionados por el movimiento telúrico, mientras que en Quindío se registran afectaciones a resguardos del pueblo indígena Emberá Chamí ubicados en Pijao, Buenavista y Calarcá.

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