Mediante un comunicado, el organismo de Interior subrayó que la independencia del ejercicio de ese personal es indispensable en un Estado de Derecho y ningún intento de esos puede convertirse en un mecanismo para condicionar el trabajo de quienes investigan el crimen organizado.

Aseguró que a través de la Policía Nacional Civil mantiene coordinación permanente con el MP en materia de protección a fiscales y operadores de justicia.

Reiteró su disposición a fortalecer las medidas de seguridad que la institución requiera.

Además, su compromiso con la persecución penal efectiva del crimen organizado y con la protección de quienes, desde sus distintas funciones -fiscales, periodistas y otros actores institucionales-, enfrentan riesgos por el ejercicio legítimo de su labor.

El Gobierno de Guatemala no cede espacio a estructuras que buscan intimidar a las instituciones del Estado, remarcó la cartera de Gobernación.

El viernes pasado el MP denunció que varios de sus fiscales asignados a pesquisas contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, extorsión y tráfico de armas recibieron intimidaciones y amenazas.

Mencionó que el hecho era objeto de investigación penal y que tomaron medidas de protección y coordinación que corresponden con las autoridades competentes.

Resaltó que, por motivos de seguridad, no ampliaría más detalles de la información proporcionada.

El pronunciamiento del MP sobrevino un día después de que anunciara una serie de allanamientos contra el narcomenudeo y la extorsión.

El Ejecutivo del presidente Bernardo Arévalo sostiene un discurso enfocado en el combate a las estructuras del crimen organizado a través de operativos de las fuerzas policiales.

Sin embargo, según analistas, la coordinación con el MP sobre el tema estuvo marcada hasta el 17 de mayo pasado por tensiones institucionales (con la anterior fiscal general, Consuelo Porras, señalada de proteger a esos grupos).

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