La medida será implementada pese a las normas del espacio Schengen que solo autorizan acciones excepcionales y temporales.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, notificó por escrito a la Comisión Europea la prórroga, según confirmó una portavoz de su cartera. Berlín argumenta que la presión migratoria en los límites externos de la Unión justifica la medida, y puso como ejemplo la crisis en el enclave español de Ceuta, donde decenas de miles de personas intentaron ingresar desde Marruecos.

Los acontecimientos en las fronteras exteriores demuestran que sigue siendo necesario contener la migración irregular, defendió Dobrindt quien recordó que, desde el 16 de septiembre de 2024, todos los pasos terrestres germanos están bajo vigilancia policial, disposición adoptada por su antecesora Nancy Faeser para frenar los ingresos no autorizados.

Especialistas en derecho comunitario locales señalan que la negativa alemana abre una grieta en el pilar de libre circulación, pues el reglamento de Schengen solo permite restablecer barreras en situaciones de “amenaza grave” y con carácter provisional. Analistas en Bruselas advierten que el bloque comunitario podría iniciar un procedimiento de infracción contra Berlín por incumplimiento de los tratados.

La Comisión Europea, a través del comisario Brunner, había instado a eliminar los controles al considerar que las condiciones de urgencia ya no se mantienen. Sin embargo, el ministerio del Interior germano insiste en que la ola de llegadas y las rutas del Mediterráneo central y oriental exigen precaución.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes criticaron la decisión, al calificarla de obstáculo innecesario para quienes buscan asilo. Mientras, varios países del bloque, como Austria y Dinamarca, observan con interés el pulso legal entre Berlín y Unión Europea, pues podrían replicar la postura alemana si prospera.

La prórroga hasta mediados de marzo de 2027 convierte a Alemania en el Estado miembro que mantiene el control fronterizo más prolongado desde la crisis de refugiados de 2015. El gobierno alemán defendió su soberanía en materia de seguridad interior y aseguró que mantendrá la vigilancia mientras persista lo que califica como “presión desestabilizadora” en los accesos sureños de Europa.

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