El presidente de la Asociación Nacional del Transporte (Anitra), Martín Valeriano, anunció la paralización cuyo objetivo es exigir medidas efectivas contra la criminalidad organizada y dijo que la presidenta Keiko Fujimori deba asumir la conducción directa de la lucha por la seguridad ciudadana.
Precisó que han confirmado su participación en la huelga, inicialmente, nueve gremios de transportistas, que el 25 de agosto retirarán 15 mil autobuses del servicio urbano en Lima y la adyacente provincia portuaria de Callao.
Agregó que las muertes aumentan a diario y que en lo que va del año han sido asesinados más de 160 transportistas a manos de sicarios y piso en duda las medidas gubermantales, como el resguardo militar no permanente a los centros de operaciones de autobuses.
De otro lado, el Sistema Nacional de Estadística de Defunciones (Sinadef) consignó que en los primeros veinte días del gobierno de Fujimori, iniciado el 28 de julio último, se reguistraron 102 homicidios, 79 cometidos con armas de fuego.
Valeriano cuestionó además las declaraciones del ministro del Interior, César Astudillo, en las que ayer sostuvo que la Policía Nacional logra avances por ajustes en el uso de de sus integ rantes y con la intensificación de actividades de inteligencia.
El dirigente pidió a la presidenta que presente un plan concreto para combatir a la delincuencia y que lidere con plena voluntad política la batalla contra la delincuencia organizada, que se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos.
Añadió que “hasta el momento pues no vemos definitivamente acciones concretas por parte de este gobierno” y dijo que el resguardo en las terminales de autobuses sirve poco, porque los asesinatos de choferes ocurren durante el trayecto del servicio.
Subrayó que las organizaciones de transportistas han solicitado reiteradamente, sin recibir espuesta, audiencias con la presidenta, a quien piden participar en la elaboración de la estrategia contra la extorsión y el sicariato.
Entre las demandas de Anitra se incluyen la revisión de “leyes pro-crimen”, aprobadas por el Parlamento cuya mayoría integró el actual partido gobernante, Fuerza Popular, y que, dijo, al aminorar la dureza de las normas, dificultan la lucha contra la criminalidad que, según Valeriano, dificultan la lucha contra el felito criminales.
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