La más polémica de ellas es la revocación, por parte del Ministerio de Ambiente, de una resolución que restringía la minería en la quebrada La Baja, en el páramo de Santurbán, en la cordillera Oriental de los Andes, en el noreste.
“Mientras el país enfrenta la emergencia por el terremoto, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aprovechó para tumbar la primera resolución que prohíbe el proyecto Soto Norte de la multinacional minera Aris Mining”, refirió el Comité Santurbán, una plataforma cívica que promueve la protección del agua y el páramo de la referida región.
El grupo también alertó que la derogatoria de la resolución pone “en riesgo el agua de cerca de dos millones de personas” y apuntó que no permitirá el desmonte del marco jurídico para abrirle la puerta a las compañías mineras.
La norma derogada prohibía la minería en cerca de mil 500 hectáreas del referido páramo, considerado como un ecosistema estratégico vital y que surte de agua a los acueductos de las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga y sus áreas metropolitanas.
Pese a ser la que más controversia genera, esta no es la única medida que generó malestar en parte de la ciudadanía.
La Agencia Nacional de Minería, por su parte, autorizó la prórroga de la etapa de exploración del proyecto Quebradona de la compañía sudafricana AngloGold Ashanti, el cual se extenderá hasta diciembre de 2027.
El expresidente Gustavo Petro (2022-2026) deploró el anuncio.
“Como era de esperar en el mandato de la muerte, van por el cobre de Quebradona y acabaran con la estabilidad agraria de Jericó y el sur de Antioquia”, advirtió en su cuenta de X.
El proyecto de minería subterránea para la extracción de cobre ha recibido numerosas críticas de las comunidades y grupos ambientalistas por el alto riesgo de daños graves al agua y a los suelos, en una región de tradición agrícola en esa parte de noroeste del país.
Algunas denuncias versan en torno a la potencial creación de grandes depósitos de roca estéril o relaves que podrían drenar sustancias ácidas y contaminar el paisaje, así como la ocurrencia del fenómeno de subsidencia o hundimiento paulatino del suelo debido a los métodos de explotación subterránea.
Otras de las más recientes medidas atañen a la capital.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales levantó una restricción existente y dio luz verde a la continuidad de las obras de ampliación de la Autopista Norte de Bogotá.
La decisión se tomó pese a los reparos puestos por la administración anterior, que alegó la imposibilidad de continuar con la infraestructura debido a que los planes constructivos no garantizaba de forma clara la conexión natural y el flujo de agua entre los humedales Torca y Guaymaral, que quedan a ambos lados de la vía.
También expuso que los trabajos afectarían la Reserva Forestal Thomas van der Hammen ya que la propuesta inicial pretendía restar más de 20 hectáreas del área protegida, sin presentar las compensaciones ni las medidas de mitigación requeridas para su preservación.
Aun cuando se trata de las primeras medidas con impacto en las políticas medioambientales no se espera que estas sean las únicas ni las más controversiales.
En su discurso de toma de posesión, De la Espriella anunció que en su gobierno se permitirá el fracking “responsable y sostenible”.
Sin embargo, para los ambientalistas, los adjetivos que acompañan al método de extracción de hidrocarburos usado por el presidente no son más que un recurso retórico.
La senadora Esmeralda Hernández, por ejemplo, explicó que no existe una versión limpia ni controlada de la referida práctica, que consiste en inyectar a alta presión millones de litros de agua, arena y sustancias químicas en el subsuelo para fracturar rocas profundas y liberar los combustibles atrapados en ellas.
“Hablan de control del metano como si fuera posible. Entre el 3,6 y el 7,2 por ciento del gas metano producido por el fracking se escapa a la atmósfera por fugas en los pozos. El metano tiene un potencial contaminante 86 veces mayor que el dióxido de carbono. Su impacto en el calentamiento global es devastador”, argumentó.
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