Con ese fin, la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico sancionaron sin debate, para no dar participación a la oposición, sendas resoluciones dirigidas a reclamar al presidente estadounidense, Donald Trump, y al Congreso la incorporación de esta isla del Caribe, de 3,2 millones de habitantes, como estado de la nación norteña.
“La actual administración, dirigida por Jennifer González, ha mostrado total incapacidad para gobernar; en el momento actual, cientos de miles de familias carecen del servicio básico de agua potable o sufren de un racionamiento, que no es producto de la merma en los niveles de precipitación, sino de las malas decisiones tanto históricas como actuales”, según los copresidentes del MINH, Carlos Vega y Ángel Rodríguez León.
Destacaron que de ese modo se pretende desviar la atención del pueblo en momentos en que el servicio de energía eléctrica, “en manos de dos voraces empresas privadas, sigue empeorando, con constantes apagones y tarifas abusivas”.
Los dirigentes políticos resaltaron que “el inicio del año escolar refleja que los problemas históricos que aquejan a nuestras escuelas no se han resuelto, (al tiempo que) la Universidad de Puerto Rico (UPR) sigue bajo el ataque de la junta de control fiscal, sin que el gobierno salga en su defensa”.
“Como si fuera poco, los escándalos que implican posibles actos delictivos y evidentemente inmorales han involucrado a múltiples funcionarios del gobierno”, afirmaron los copresidentes del MINH al referir que en la actualidad se discute uno de los casos de fraude y corrupción más grandes en la historia de esta nación del Caribe, bajo ocupación militar de Estados Unidos desde hace 128 años.
Relacionado con ese contrato de cerca de seis mil millones de dólares para generación temporera de energía, se ha vinculado a empresas que niegan su participación y aparece al menos una firma falsa que no fue detectada por un exfiscal federal, Osvaldo Carlo Linares, quien ha intentado justificar su “aparente incapacidad o complicidad”.
Para el MINH, la actual administración PNP ha perdido la legitimidad ante el pueblo, incluso entre sus electores, “por eso, a sabiendas de que la anexión de Puerto Rico es hoy más rechazada que nunca por el gobierno de Estados Unidos, pierden tiempo y pretenden utilizar fondos públicos en una movida politiquera que les permita cambiar por unos días la conversación pública”.
“Con los débiles argumentos de unas consultas amañadas y sin el aval ni del Derecho Internacional ni del Congreso de Estados Unidos, le quieren decir a sus huestes anexionistas que están haciendo algo” para atar al pueblo puertorriqueño a un colonialismo permanente.
El MINH, según Vega y Rodríguez León, considera que el tema de la condición colonial de Puerto Rico es uno serio que está en la raíz de la mayoría de los problemas que padecemos y debe ser trabajado de forma responsable y realista.
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