El proyecto reforma el artículo 158 de la Constitución y responde al referéndum del 21 de abril de 2024, cuando los ecuatorianos respaldaron que los militares apoyen a la Policía contra el crimen organizado.
La iniciativa legal establece que esta intervención deberá regirse por los principios de complementariedad, excepcionalidad, extraordinariedad, fiscalización, proporcionalidad, razonabilidad y regulación.
De acuerdo con el texto, el comandante general de la Policía deberá solicitar el apoyo militar, precisar el territorio y período de actuación, identificar los delitos que lo justifican y demostrar que las capacidades policiales fueron superadas.
La solicitud será remitida al presidente de la República, quien deberá pedir al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas un informe técnico militar.
Posteriormente, el mandatario convocará al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), que deberá pronunciarse sobre la pertinencia y alcance de la intervención.
Con esos elementos, el presidente podrá emitir el decreto ejecutivo correspondiente.
El apoyo militar podrá mantenerse durante un máximo de 180 días y renovarse una sola vez por 30 días adicionales, siempre que persistan las circunstancias que lo motivaron.
El asambleísta Franklin Samaniego, de la Revolución Ciudadana, cuestionó que la iniciativa pueda terminar convirtiendo en permanente una herramienta concebida como excepcional.
“Hemos vivido de estado de excepción en estado de excepción y, lamentablemente, hasta ahora no hemos tenido resultados”, afirmó el legislador, quien sostuvo que los asesinatos, extorsiones y sicariatos continúan pese al despliegue militar iniciado en enero de 2024.
“Ya no son estados de excepción, sino que ya son estados permanentes”, señaló Samaniego, al cuestionar la estrategia aplicada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
El legislador también expresó preocupación por eventuales afectaciones a los derechos durante protestas sociales y por las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos que deberían ser consideradas en el debate.
Ecuador registró cuatro mil 882 homicidios entre enero y julio de 2026, cifra que convierte a este período en el segundo más violento de la historia reciente del país.
De acuerdo con las cifras oficiales, el número total de asesinatos este año solamente es superado por los ocurridos en 2025, cuando hubo cinco mil 295 casos.
En enero de 2024 el presidenta Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, lo cual permitió a los militares sumarse a las acciones de seguridad, sin embargo la crisis persiste, mientras analistas advierten que la militarización por sí sola no resuelve el problema.
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