La medida fue adoptada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, semanas después de que legisladores del opositor Partido Ahora Nación, presentaron, el 6 de agosto último, un proyecto de nulidad de las citadas normas.

Según una resolución del citado ministerio, cuyo titular, Ernesto Álvarez, es objeto de críticas políticas y mediáticas por sus posiciones de derecha extrema, el grupo puede proponer reformas para fortalecer la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos.

El grupo lo encabeza el viceministro de Justicia, Juan Falconí, quien ejerció la defensa legal del partido fujimorista Fuerza Popular durante las elecciones generales del 2016.

La tarea encomendada deberá concluir dentro de 30 días hábiles y el grupo presentará al ministro Álvarez un informe final y los borradores de proyectos normativos junto a sus respectivos fundamentos.

Una de las leyes en evalucaón dispone la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos, mayormente por militares y policías, antes de julio de 2012, lo que favorece a quienes los cometieron durante el llamado conflicto interno, entre 1980 y 2000.

A esa norma se agrega una ley de amnistía para crímenes de Estado cometidos por exmilitares y expolicías durante ese conflicto y, como todas las demás normas en cuestión, fueron aprobadas por el Congreso anterior (2021-2020) con los votos de Fuerza Popular y sus aliados.

Una de las leyes que la prensa y las organizaciones de derechos humanos llaman “pro-crimen”, redujo a solo ocho meses el plazo del procedimiento de colaboración eficaz por el cual involucrados de menor responsabilidad delatan a indagados importantes, lo que implica largo tiempo de verificación.

La lista incluye a la norma que impide procesar penalmente a organizaciones políticas por delitos de corrupción y otros cometidos a través de su estructura partidaria.

Otras leyes fijan requisitos excesivos para definir a organizaciones criminales como tales; encargan la investigación inicial de delitos a la Policía Nacional en vez de la Fiscalía, o impiden la incautación de bienes a los delincuentes, hasta que sean condenados sus miembros.

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