El texto consta de seis capítulos y 47 artículos, y establece los principios, alcance y políticas para combatir este flagelo, además de definir los mecanismos de trabajo y las responsabilidades correspondientes.
También contempla el fortalecimiento de la tramitación de casos y la cooperación internacional, así como obligaciones de integridad y cumplimiento para las empresas.
La iniciativa establece además las responsabilidades legales aplicables a las infracciones relacionadas con la corrupción transfronteriza.
Según la información presentada ante el órgano legislativo, la elaboración de la norma responde a las decisiones y disposiciones del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la lucha contra ese mal.
Desde el XVIII Congreso Nacional del Partido, las autoridades chinas han concedido especial importancia al desarrollo de la legislación nacional contra la corrupción y al perfeccionamiento de las normas vinculadas con su dimensión internacional.
La nueva legislación busca convertir en normas jurídicas nacionales las experiencias y resultados acumulados por China en la lucha contra la corrupción transfronteriza, según la explicación del proyecto.
Se espera que la ley contribuya a fortalecer las herramientas jurídicas para enfrentar dificultades como la detección, obtención de pruebas, recuperación de activos y condena en casos de corrupción transfronteriza.
La iniciativa también pretende proteger la soberanía, seguridad e intereses de desarrollo de China, promover operaciones empresariales transfronterizas saludables y favorecer un entorno de negocios internacional basado en el mercado y el Estado de derecho.
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