Polémica en Colombia por decreto para tercerizar educación pública

Bogotá, 26 ago (Prensa Latina) Un proyecto de decreto impulsado por el Gobierno de Colombia, cuyo objetivo sería tercerizar la educación pública, genera hoy un debate en el país por sus implicaciones en torno a una eventual privatización de esa enseñanza.

La letra de la norma, promovida por el Ministerio de Educación Nacional, permite entidades privadas o confesiones religiosas organicen, dirijan y administren establecimientos educativos públicos bajo ciertos requisitos.

El exministro de Educación Daniel Rojas señaló que la propuesta para que negociantes privados administren colegios públicos con dinero del erario público “es ilegal”.

Apuntó en su cuenta de la red social X que se crea una figura no contemplada en la ley, en tanto legitima la corrupción con recursos de la educación y flexibiliza el régimen de contratación.

“El decreto dice que las empresas serán ‘colaboradores’ de los colegios públicos. Suena inofensivo. Pero ‘colaborar’ aquí significa: ellos contratan profesores, deciden qué se enseña, manejan la plata. El Estado solo paga. ¿Eso es colaborar? No. Es entregar el colegio”, sentenció.

La exsenadora María José Pizarro alertó por su parte que la autorización para que privados dirijan colegios públicos por 12 años y que iglesias diseñen estrategias pedagógicas es un ataque frontal contra la educación pública, laica y de calidad.

“Tercerizar la educación pública e imponer visiones religiosas en nuestras aulas va a contra de la Constitución. Desde cuando la educación es un negocio o un espacio para pagar los votos de una elección. Se trata de la niñez y su derecho a la educación, de los derechos laborales de los docentes y del Estado laico”, señaló en redes sociales.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación desdeñó el argumento de la ministra Viviane Morales de que bajo la nueva norma la entidad pública sigue prestando el servicio con el apoyo para su administración de un tercero.

“Esto es privatización (…). Ahora pretenden que la educación pública pague diezmos. ¡Respeten la educación como derecho fundamental!”, pidió el gremio sindical.

La fase crítica de revisión y debate público del proyecto, que también modificaría el Decreto 1075 de 2015, culmina hoy.

A continuación, el equipo jurídico y técnico del Ministerio de Educación Nacional debe compilar y evaluar cada comentario para definir si se realizan cambios al texto original.

mem/ifs

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