Este jueves, el Gobierno de Ceuta, sur de España, hizo un llamamiento a la calma y a no elevar la tensión después que un grupo de manifestantes destruyera campamentos improvisados de migrantes en la playa El Trampolín.
Asimismo, se reportó un incidente en el barrio Benzú, donde según confirmó la vicepresidenta segunda de Ceuta, Kissy Chandiramani, «han participado algunos inmigrantes y también militares».
Fueron detenidos 12 ciudadanos de nacionalidad marroquí, señalados por participar presuntamente en una agresión que causó heridas a cuatro militares, a quienes alrededor de 40 personas los emboscaron y les lanzaron piedras.
Chandiramani dijo en declaraciones a la cadena radial SER que los ceutíes gozan de la legitimidad de salir a la calle, «pero siempre en un ambiente de tranquilidad porque esa alta crispación no lleva a ningún sitio».
«Con todo el derecho los ceutíes tenemos que salir a la calle, si así lo consideramos, a pedir que las administraciones respondan, pero también desde la calma y desde la confianza en que esto se va a solucionar», declaró la vicepresidenta. Por su parte, en comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, reunida en el Congreso de Diputados, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recalcó que «el Estado está volcado para devolver cuanto antes la normalidad» a Ceuta.
Insistió en la labor que adelanta el Ejecutivo para conseguir que se recupere la normalidad tras un hecho «indiscutiblemente grave» y remarcó que también es prioritaria la atención humanitaria a los llegados, «titulares de derechos, seres humanos que merecen ser atendidos con humanidad».
Pidió pedido evitar cualquier discurso racista y xenófobo y señaló que se hacen todos los esfuerzos para garantizar el regreso a sus países de origen de los migrantes «respetando la ley y el Estado de derecho» y atendiendo cada caso de forma individualizada.
Hoy intervendrá en la Cámara Baja el ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, a cargo del mando único establecido para Ceuta por el Gobierno.
En su publicación ayer, el Boletín Oficial del Estado (BOE), señaló que el mandatado único de Ceuta se afianza «por considerarse un plazo razonable para la consecución de los objetivos descritos», con la posibilidad de «prórroga» o su «finalización anticipada», en función «de la evolución de los acontecimientos».
Sin embargo, el arranque de la gestión de Torres se vio empañado por la negativa del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a aceptar que el polideportivo de la urbe fuese designado como sede de alojamiento de los inmigrantes.
Torres aceptó la postura de Vivas y aseguró que la prioridad es la «devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores», en apego al ordenamiento jurídico.
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