Ese es el caso de Sherina Latorraca, quien renunció al cargo de directora de Asesoría Legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), precisa un comunicado de Antai.

La entidad confirmó que realiza las diligencias correspondientes, entre ellas certificar si, en efecto, Latorraca ya no continúa laborando en la institución, luego de que trascendiera públicamente la situación.

De acuerdo con la información publicada por el diario La Prensa, la investigación se inició después de que Antai recibió una denuncia sobre un posible conflicto de interés, debido a que Latorraca es hija de Zaira Santamaría de Latorraca, magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

La legislación panameña establece normas específicas para prevenir situaciones de conflicto de intereses entre funcionarios que intervienen en procesos de contratación y fiscalización estatal.

En ese sentido, el artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos establece que los funcionarios deben abstenerse de ejercer funciones en unidades que mantengan relaciones de control o fiscalización con personas con las cuales tengan vínculos parentales.

Asimismo, el artículo 150 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 contempla medidas como la suspensión, separación o destitución de funcionarios cuando incurran en determinadas faltas, entre ellas aquellas vinculadas con el incumplimiento de normas de ética y probidad.

La situación generó cuestionamientos sobre la eventual existencia de un conflicto de intereses, tomando en cuenta que el cargo desempeñado por Latorraca en Contrataciones Públicas guarda relación con el ámbito de actuación del tribunal donde ejerce su madre.

Antai indicó que corresponde ahora completar las diligencias para determinar las circunstancias del caso y establecer si hubo alguna transgresión a las normas que regulan la conducta de los servidores públicos.

El asunto también ha provocado pronunciamientos en el ámbito legislativo. El diputado Jonathan Vega señaló que, de comprobarse un posible conflicto de intereses, la renuncia de Latorraca no necesariamente pondría fin al análisis de lo ocurrido.

La controversia se suma al debate sobre la aplicación efectiva de las normas de ética pública y las medidas destinadas a garantizar transparencia e independencia en las instituciones encargadas de administrar y fiscalizar las contrataciones del Estado.

De otra parte, se conoció que el diputado José Perez Barboni del Movimiento Otro Camino, cuestionó a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) , Jackeline Muñoz, por presuntos casos de conflicto de interés durante la presentación de vistas presupuestarias en el parlamento.

Pérez Barboni cuestionó a la funcionaria por su cuñado, Edwin Cedeño, quien trabaja como asesor en el despacho de la viceministra, de acuerdo al propio sitio web del Mitradel.

Muñoz confirmó que se trata del hermano de su esposo y arguyó que es un “préstamo interinstitucional”. Tras preguntas del diputado, añadió que ella misma fue quien solicitó el préstamo.

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