En forma sorpresiva el Ejecutivo de la mandataria encargada Delcy Rodríguez divulgó anoche un comunicado con los pormenores de este pacto, que destapó aquí numerosas declaraciones en las redes sociales a favor y en contra del convenio contraído entre Washington y Caracas.
Horas después que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo anunciara en su red social, el texto sin firma detalló los pormenores del “acuerdo histórico” en materia petrolera con operadores privados, que incrementará la producción nacional de hidrocarburos.
La nota en un fondo azul expresó que este arreglo “tendrá un impacto significativo en el renacimiento de nuestra nación” y fue producto del “fortalecimiento de la relación entre Venezuela y Estados Unidos”.
Resaltó, asimismo, que facilitará un importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo de la industria de los hidrocarburos nacional.
El texto agradeció altamente a Trump, a su secretario de Estado, Marco Rubio, y al Gobierno estadounidense por “su disposición en el desarrollo de este acuerdo, que representa un hito histórico en las relaciones bilaterales” entre los dos países.
Subrayó que “permitirá incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados”.
El mismo contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65 mil millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100 mil millones de dólares y más de 209 mil millones de la moneda estadounidense en tributos para el Estado venezolano.
La nota significó que estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de la industria, sino también al crecimiento económico de la nación, a la “seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales”.
Afirmó que el objetivo es avanzar hacia la consolidación de una potencia energética productora, “poniendo nuestras inmensas reservas al servicio del desarrollo nacional”, la generación de empleos, el incremento del ingreso de los trabajadores y el bienestar del pueblo.
“Venezuela consolida así una nueva etapa de recuperación, crecimiento, producción, seguridad y prosperidad para nuestro pueblo”, remarcó.
La reacción popular de chavistas y no chavistas se hizo sentir de inmediato en la plataforma de Telegram @delcyrodriguezv, donde se expresaron posiciones encontradas.
@andresnv_12 escribió que 100 mil millones de dólares en “supuesta inversión privada” a cambio del control de 65 mil millones de barriles de nuestro petróleo no es un «acuerdo histórico», es el mayor despojo patrimonial que ha sufrido Venezuela.
“Allá celebran que este trato no le cuesta un centavo a su contribuyente y que les garantiza gasolina barata, mientras que aquí el gobierno interino entrega el 55 por ciento del control de nuestras reservas por 100 años a cambio de una fracción minúscula de su valor real en el mercado”, expresó.
El cibernauta aseveró que no se trata de ideologías, “se trata de matemáticas elementales y sentido común”.
“Rematar casi un tercio de las mayores reservas probadas del mundo de esta manera es entregar el futuro energético de varias generaciones por espejitos. Es un robo descarado, una pérdida absoluta de soberanía y un insulto a nuestra inteligencia”, afirmó.
Venezuela y Estados Unidos avanzaron en sus relaciones después del 3 de enero pasado, cuando tropas estadounidenses secuestraron al presidente constitucional Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, y atacaron cuatro puntos estratégicos con saldo de más de un centenar de muertos, entre ellos 32 combatientes cubanos.
En la semana, la Asamblea Nacional aprobó en sesión extraordinaria por unanimidad, en primera discusión, el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La bancada oficialista y las diferentes oposiciones reconocieron la importancia de dar este paso para estar a tono con el momento que está viviendo el país.
Esta iniciativa propone pasar a 23 miembros el Comité de Postulaciones, que hasta ahora funcionaba con 21, un cambio que se calificó de sustancial al mantener en 11 el número de legisladores y subir a 12 los integrantes de la sociedad civil.
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