El Tribunal de Garantías Penales emitió la sentencia al concluir el juicio del denominado caso Triple A, una investigación que comenzó hace aproximadamente dos años.

Los jueces consideraron que Álvarez actuó como autor directo del delito y le impusieron además una multa equivalente a 12 salarios básicos.

Durante la lectura de la resolución, el juez ponente, Jorge Sánchez, sostuvo que Álvarez controlaba las empresas Copedesa, Corpalubri y Ternape y participaba directamente en las operaciones investigadas.

Según el magistrado, los testimonios y documentos presentados durante el juicio demostraron que el alcalde conocía el funcionamiento de las compañías y ejercía capacidad de decisión sobre sus actividades.

El Tribunal también señaló que parte de los recursos relacionados con las operaciones investigadas llegó a cuentas personales del alcalde.

Tras las sentencia diversas voces de oposición se pronunciaron, entre ellas el expresidente Rafael Correa, quien expresó su solidaridad con el político encarcelado.

La legisladora Eliana Correa, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), afirmó que con la sentencia “se concreta un caso más de persecución política” y sostuvo que a quienes resultan incómodos u opositores al Gobierno “se les fabrican casos”.

La asambleísta cuestionó también el funcionamiento de las instituciones y preguntó si Ecuador puede considerarse una dictadura, al tiempo que calificó el escenario como una forma de gobernar “mediante el miedo y el engaño”.

El legislador Luis Fernando Molina también sostuvo que la justicia ecuatoriana está siendo utilizada con fines políticos.

“Ahora pretenden silenciar a quienes ejercen oposición política”, afirmó Molina, quien expresó su solidaridad con el alcalde y rechazó lo que calificó como persecución política.

En la misma línea, la legisladora Viviana Veloz, también de la RC, afirmó que Álvarez enfrenta un castigo por “haberse atrevido a desafiar al poder”.

Veloz cuestionó el proceso desde su origen y sostuvo que la condena busca convertirse en un “escarmiento” para quienes cuestionen al Gobierno o denuncien sus actuaciones.

La condena contra el funcionario, que desde febrero permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, puede ser impugnada mediante los recursos previstos en la legislación ecuatoriana.

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