Con 80 votos, el pleno respaldó este domingo, en una sesión virtual, las conclusiones de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, que examinó los convenios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con las empresas Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM).

El informe no estableció responsabilidades políticas para los funcionarios que participaron en los procesos de contratación, entre ellos Inés Manzano y Roberto Luque, que fueron ministros de Energía en aquel momento.

La decisión fue cuestionada por la bancada opositora Revolución Ciudadana (RC), que pidió determinar responsabilidades por las decisiones adoptadas durante la crisis energética, que provocó apagones de hasta 14 horas por día.

La asambleísta de la RC Patricia Núñez, coordinadora de esa bancada, sostuvo que el Estado sufrió un perjuicio cercano a 200 millones de dólares y cuestionó que el informe descarte responsabilidades políticas.

El legislador Luis Fernando Molina, también de la RC, afirmó que los contratos deben investigarse hasta establecer toda la cadena de responsabilidades y preguntó quién autorizó las contrataciones.

El expediente incluye el contrato por 149,1 millones de dólares que Celec suscribió con Progen en agosto de 2024 para incorporar equipos de generación eléctrica.

Las plantas debían comenzar a operar en noviembre de ese año, pero incumplieron los plazos previstos y Celec inició posteriormente procesos para terminar unilateralmente los contratos.

El oficialismo señaló que los hallazgos quedan a disposición de la Fiscalía y la Contraloría para que continúen las investigaciones y determinen eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales.

El pasado mes de julio la Asamblea archivó un juicio político contra la exministra Manzano, acusada de incumplir funciones en medio del escándalo por el desfalco millonario al Estado.

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