La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) solicitó al presidente de la República, José Raúl Mulino, vetar en su totalidad el Proyecto de Ley 226, aprobado recientemente, que modifica los beneficios destinados a adultos mayores.
El gremio empresarial advirtió que las nuevas disposiciones podrían elevar los costos de operación de los comercios, afectar sus márgenes de ganancia y provocar aumentos de precios, además de comprometer la contratación de personal.
La Cciap cuestionó particularmente la aplicación de un descuento obligatorio del 100 por ciento en determinados servicios y planteó la necesidad de realizar una revisión técnica, fiscal y económica de la iniciativa antes de su entrada en vigor.
Según los comerciantes, el Estado debería asumir un papel más activo en el financiamiento de estos beneficios, en lugar de trasladar su costo directamente al sector privado.
Por su parte, el diputado que impulsa la norma, Javier Sucre, defendió los descuentos y sostuvo que la medida también favorece a los comerciantes al fortalecer la capacidad de consumo de jubilados y pensionados.
El parlamentario rechazó además que la propuesta perjudique al comercio y señaló que busca eliminar conflictos existentes entre establecimientos y adultos mayores por la aplicación de los descuentos.
La iniciativa aprobada en tercer debate en el Legislativo el pasado 27 de agosto con 47 votos a favor y uno en contra modifica la Ley 6 de 1987 que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
Entre los cambios figuran un 30 por ciento de descuento en medicamentos y un 15 por ciento en hospitales, clínicas, laboratorios privados y centros de imagenología, además de beneficios relacionados con tarjetas de crédito y otros servicios.
Tal debate coloca nuevamente en el centro de la discusión la protección económica de los adultos mayores y el impacto que las obligaciones establecidas por ley pueden tener sobre el sector empresarial de la nación istmeña.
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