Durante la presentación de la normativa, el presidente Luis Abinader advirtió que las acciones dirigidas a destruir o dañar los parques nacionales serán consideradas «actos de terrorismo medioambiental» y aseguró que sus responsables enfrentarán sanciones severas, sin importar su nacionalidad.

El mandatario señaló que durante décadas las áreas protegidas del país carecieron de la atención y seguridad jurídica necesarias, y explicó que su administración inició un proceso para regularizar la titularidad estatal de esos territorios.

También alertó sobre los incendios forestales provocados por actividades ilícitas, entre ellos el registrado recientemente en el Parque Nacional de Bahoruco, al considerar que estas acciones afectan no solo la flora y la fauna, sino también las fuentes de agua y la seguridad alimentaria del país.

De acuerdo con el decreto, los responsables de agresiones graves deberán ser remitidos al Ministerio Público.

La disposición establece una protección especial para los sistemas de áreas protegidas, cuencas hidrográficas prioritarias, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos.

Asimismo, ordena al Comité Nacional Antiterrorista, a los ministerios de Defensa y Medio Ambiente, a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración coordinar una política nacional de prevención y combate contra los incendios forestales provocados y las amenazas a infraestructuras hídricas y energéticas.

El jefe de Estado informó además que impartió instrucciones a las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia y la Dirección General de Migración para perseguir tanto a quienes ejecuten estas acciones como a sus autores intelectuales o patrocinadores.

La disposición del Ejecutivo contempla mecanismos de denuncia confidencial y plataformas tecnológicas para facilitar la participación ciudadana en la protección de los recursos naturales.

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