viernes 4 de septiembre de 2026

Redoblan alertas sobre intentos de privatizar educación en Colombia

Bogotá, 4 sep (Prensa Latina) El líder de la oposición en el Senado, Iván Cepeda, se suma a las alertas existentes hoy en Colombia sobre la intención del Gobierno de privatizar la educación bajo la excusa de los daños ocasionados por el terremoto.

El excandidato presidencial divulgó una comunicación en sus redes sociales en la cual denuncia que el Ministerio de Educación pretende aplicar la fórmula del “capitalismo del desastre”, aprovechar la tragedia del terremoto, el fenómeno de El Niño y los incendios forestales para debilitar el sistema de enseñanza pública.

Según advirtió, uno de los objetivos de la actual administración estaría relacionado con aplicar a la educación el mismo modelo mercantilizado que se aplicó al sector salud.

También expresó su repudio a lo que considera una campaña de estigmatización impulsada contra los maestros, a quienes integrantes del Ejecutivo señalan de incurrir en un presunto “adoctrinamiento” en las aulas para justificar la agresión contra la organización sindical.

“Lo primero para destruir la educación pública es eliminar o debilitar al mayor obstáculo que hay para ese propósito, y eso se llama las educadoras y los educadores de este país”, planteó.

Cepeda remarcó además que el magisterio cuenta con el respaldo de los sectores progresistas del país.

“No vamos a dejar solas y solos a los educadores de este país. Haremos lo necesario para proteger el derecho de todos los colombianos a tener una educación pública fuerte y democrática”, enfatizó.

La polémica en torno a una eventual privatización de la enseñanza en Colombia se generó a finales del mes pasado tras la divulgación de un proyecto de decreto cuyo objetivo sería tercerizar la educación pública.

La norma da luz verde para que entidades privadas o confesiones religiosas organicen, dirijan y administren establecimientos educativos bajo ciertos requisitos.

El exministro de Educación Daniel Rojas señaló que la propuesta para que negociantes privados administren colegios públicos con dinero del erario “es ilegal”.

“El decreto dice que las empresas serán ‘colaboradores’ de los colegios públicos. Suena inofensivo. Pero ‘colaborar’ aquí significa: ellos contratan profesores, deciden qué se enseña, manejan la plata. El Estado solo paga. ¿Eso es colaborar? No. Es entregar el colegio”, sentenció.

ft/ifs

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