La medida inicial, aprobada el 5 de marzo último, limitaba el acceso a documentación técnica, administrativa y legal manejada por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

Según la AMP, la restricción buscaba proteger intereses del Estado, ya que parte de la información estaba vinculada a procesos judiciales en curso contra Panamá y a datos de carácter confidencial con valor industrial o comercial.

La medida, ahora sin efecto, generó fuertes cuestionamientos en distintos sectores del país, incluso el presidente de la República, José Raúl Mulino, instó a la AMP para que reconsiderara la resolución, al advertir sobre sus posibles efectos en el acceso a la información pública y la confianza.

En su momento, también el exmagistrado y exdirector General de Marina Mercante de la AMP Guillermo Márquez consideró inconveniente mantener bajo opacidad información relacionada con bienes públicos, particularmente en un sector estratégico para la economía panameña.

La más reciente decisión enfrenta otro problema, pues se adopta en un momento especialmente sensible para el futuro de los puertos de Balboa(Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la ley que sustentaba la concesión de Panama Ports Company, subsidiaria del conglomerado CK Hutchison, con base en Hong Kong.

Actualmente, ambos puertos operan bajo contratos temporales mientras Panamá se prepara para definir nuevas concesiones de largo plazo.

Es decir, mientras el Estado se encuentra definiendo el futuro de uno de sus activos estratégicos, una resolución pretendía mantener fuera del alcance público durante una década buena parte de los expedientes relacionados con el sector.

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