El senador Ariel Ávila consideró que se trata de “grave error” debido a la posibilidad de que buena parte de los artefactos letales acaben en manos de organizaciones criminales. “Eso salió muy mal en Ecuador. El presidente Lasso (Guillermo) suavizó el porte de armas y en cuestión de un año la mayoría de armas terminaron en bandas como Los Choneros o Los Lobos y hoy de las 50 ciudades más violentas del mundo, Ecuador tiene seis en el top 10”, alertó en su cuenta de X.

Argumentó además que debido a una cuestión ética, constitucional y democrática, le corresponde al Estado tener el monopolio de la fuerza y garantizar la seguridad con las fuerzas del orden.

“La justicia por mano propia no es de un Estado de derecho. Lo que seguramente va a pasar en lo que pasa en todo el mundo: muchas de esas armas terminan en las estructuras criminales”, advirtió.

La senadora Mary Jurado también expresó su desacuerdo con el anuncio.

“Facilitar una mayor circulación de armas entre la población civil no es el camino para enfrentar la inseguridad. En un país donde las armas de fuego tienen una alta participación en los homicidios y persisten dificultades en su control y trazabilidad, esta medida puede aumentar los riesgos de violencia y accidentes”, apuntó.

Estimó además que la protección de la ciudadanía debe fortalecerse mediante prevención del delito, capacidad institucional, investigación y respuesta del Estado.

“La Fuerza Pública es quien tiene el deber de proteger a la ciudadanía y debe contar con las herramientas y capacidades necesarias para cumplir esa misión. No necesitamos más armas en manos de civiles; necesitamos una Fuerza Pública fortalecida y con capacidad para garantizar la protección de todos”, comentó.

El presidente De la Espriella, firmó ayer un decreto mediante el cual se deroga la suspensión del permiso de porte de armas.

La medida responde, según alegó el gobernante, a que durante años “se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes”, lo cual, según añadió, “tiene que cambiar”.

Acotó en su mensaje que la decisión “no significa porte indiscriminado” pues “se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes”.

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