Mediante un comunicado, la entidad rechazó la medida que alcanza dos semanas consecutivas, “una situación que resulta insostenible y que genera graves consecuencias para la población y la economía nacional”.

Compartió la preocupación ante el incremento de los precios de los carburantes y reconoció que esta situación genera presión sobre toda la cadena productiva.

Sin embargo, acotó, los bloqueos no son la solución, profundizan el impacto económico de una problemática que afecta a trabajadores, familias, empresas, Mipymes, y al limitar la movilidad, dificultan el abastecimiento y generan pérdidas.

Su Observatorio de Políticas Industriales detalló asimismo que por cada día de paralización, la recaudación tributaria aduanera podría disminuir alrededor de 100 millones de quetzales (poco más de 13 millones de dólares).

A estos efectos se suma la pérdida de productividad provocada por las dificultades de movilidad, subrayó.

Consideró que la aprobación anoche por el Congreso de la Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos puede generar un alivio coyuntural, pero no resuelve las causas estructurales del problema ni debe convertirse en una política permanente.

Debe ser estrictamente provisional, administrada con responsabilidad y transparencia y sujeta a una adecuada fiscalización, al observar el uso de recursos públicos significativos, añadió.

Llamó a las autoridades a actuar con prontitud y dentro del marco de la ley para garantizar la libre circulación.

Las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y los mecanismos institucionales, sin afectar a la población ni paralizar la economía, remarcó la CIG.

La Cámara de Comercio exigió, por su parte, usar la fuerza pública para liberar carreteras bloqueadas.

Hasta este momento, según los registros oficiales, persisten cinco vías en Guatemala como mecanismo de presión contra el Gobierno y el Legislativo.

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