El procedimiento, convocado por el Ministerio de Salud Pública el 31 de agosto, fue adjudicado a la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que a su vez recurrirá a la multinacional Dedalus.

Los cuestionamientos, planteados por la legisladora Eliana Correa, de la Revolución Ciudadana (RC), se concentran en la rapidez del trámite, el estudio de mercado basado en una sola cotización y la diferencia entre la propuesta tecnológica de Dedalus y el monto finalmente presentado por CNT.

“Las prioridades del Gobierno están invertidas. ¿10 días para adjudicar un contrato por 240 millones de dólares, pero cuatro meses de excusas para entregar medicinas?”, señaló la asambleísta.

Correa también cuestionó que el proyecto involucre a Dedalus y afirmó que mientras existen recursos para concretar “negocios millonarios exprés”, los pacientes continúan enfrentando carencias en los servicios públicos.

El contrato, con un plazo de siete años, contempla la implementación de una plataforma para integrar de manera virtual historias clínicas, gestión hospitalaria, disponibilidad de medicamentos, laboratorios, imágenes, camas, facturación y seguimiento de pacientes.

“Queremos que cada uno de ustedes tenga una identidad única dentro del sistema y avanzar hacia una historia clínica electrónica integrada y disponible para el personal médico”, afirmó el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga.

El gerente de CNT, Ronald Spina, por su parte, describió a Dedalus como uno de los mayores proveedores mundiales de software sanitario y sistemas de información hospitalaria.

El también parlamentario de la RC Roque Ordóñez advirtió que este contrato pondría en riesgo los datos de los ecuatorianos.

«¿Por qué el gobierno adjudicó un contrato millonario y sin filtros a una empresa privada, pero el sistema de salud público está totalmente colapsado? ¿Cuáles son las garantías del contrato entre el Estado y esta empresa que está en proceso de liquidación en el Ecuador?», cuestiona Ordóñez.

Pacientes y profesionales de la salud denuncia que los hospitales públicos carecen de medicamentos e insumos, además de retrasos en pagos a prestadores externos, incluidos centros de diálisis.

El Gobierno atribuye parte del desabastecimiento a supuestas mafias enquistadas en los hospitales y anunció compras masivas de medicamentos para enfrentar la escasez, sin embargo, esas adquisiciones no se han concretado.

“Lo que pretende hacer (Daniel) Noboa con el software Dedalus es otro atraco a los recursos públicos. Intentarán bloquear la fiscalización en la Asamblea Nacional, pero seguiremos denunciando”, aseveró la legisladora de la RC Verónica Iñiguez.

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