A un mes de la tragedia, que dejó un saldo de 331 muertos, cinco mil heridos y 111 desaparecidos, la entidad expuso cómo el movimiento telúrico ocasionó “una notable afectación de pueblos étnicos, tanto indígenas como negros y afrocolombianos”.

Especificó además que los perjuicios comprenden viviendas e infraestructura comunitaria, educativa y sanitaria, servicios públicos, medios de vida y condiciones de bienestar individual y colectivo.

“A ello se suman necesidades humanitarias persistentes, dificultades de acceso a territorios rurales y dispersos, amenazas posteriores o concurrentes y diferencias importantes en los niveles de verificación, registro y respuesta institucional”, ahondó el organismo.

Según planteó, las principales necesidades constatadas son la evaluación técnica detallada de edificaciones e infraestructura educativa y hospitalaria; la atención en salud mental y psicosocial; la inclusión de la población rural dispersa en los registros de damnificados; la continuidad del servicio educativo y de los Programas de Alimentación Escolar.

Entre otras cuestiones, resaltó la necesidad de ofrecer atención a la reactivación económica y de medios de vida; el mejoramiento de las condiciones de albergues; la intervención de cementerios afectados, y la asistencia técnica a los entes territoriales.

Debido al panorama descrito, pidió al Gobierno Nacional ejecutar un proceso de recuperación planificado, integral y participativo, fundamentado en la protección de los derechos humanos.

“Este proceso implica una planeación del desarrollo que integre las diversas visiones territoriales y culturales. Además de reconstruir la infraestructura, debe restaurar el tejido social, cultural y emocional que resultó lastimado”, subrayó.

La Defensoría también reveló que el terremoto afectó de manera más dolorosa a poblaciones que enfrentaban condiciones de vulnerabilidad preexistentes.

Consideró entonces que la recuperación es una oportunidad para mejorar y reducir las condiciones históricas de marginalidad, desigualdad y exclusión social que constituyen el núcleo de la vulnerabilidad de la población.

“El proceso de recuperación es una oportunidad para generar condiciones de desarrollo sostenible, seguridad y bienestar. Implica también la obligación de impedir que la historia vuelva a escribirse con las mismas omisiones y vulneraciones de derechos”, valoró.

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