El abogado de los colectivos, Antonio Vargas, explicó en conferencia de prensa que entregaría un informe que contiene evidencias, incluidos registros fotográficos e identificación de unos 40 agentes, y forma parte de otras acciones presentadas ante la Procuraduría General de la Nación.
A preguntas de Prensa Latina, el letrado precisó que las pruebas también serán remitidas a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional (parlamento), al considerar que esas prácticas tienen como objetivo amedrentar a organizaciones críticas de las políticas del Ejecutivo, así como a sus dirigentes y familiares.
La denuncia se produce después de que la Policía Nacional reconociera en un comunicado oficial que mantiene agentes encubiertos dentro de sindicatos y organizaciones populares, aunque negó que se trate de infiltraciones ilegales y sostuvo que esas labores se realizan para apoyar operaciones de seguridad y mantenimiento del orden, dentro del marco de la ley.
Antes, la Alianza Ciudadana Pro Justicia-Red de Derechos Humanos de Panamá pidió, por su parte, investigar con celeridad e independencia las denuncias y solicitó a la Defensoría abrir una queja de oficio y pedir explicaciones a la Policía Nacional y al Ministerio de Seguridad Pública.
A su turno en la comparecencia ante medios alternativos, el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Yamir Córdoba, rechazó las acusaciones oficiales que vinculan a esa organización con actividades criminales y defendió el derecho a la reunión, la protesta y la libertad de expresión.
Agregó que el jefe de la estructura ilegal de la policía, el mayor Carlos Carvajal, es fuente principal de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, principal pieza del Ejecutivo para intentar silenciar al principal gremio de los constructores en el istmo.
El oficial, según el informe, estaría al mando de la operación desde finales de 2023 -en la recta final del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), cuando asumió la jefatura en medio de las protestas contra la concesión minera de Cobre Panamá.
La estructura, dice el documento, se habría fortalecido en el gobierno de Mulino y se formalizó el 26 de agosto de 2025 como Departamento de Orden Público de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial(DNIP), sin figurar en el organigrama oficial de esa dirección.
A su vez, el titular de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Guzmán, vinculó las denuncias con una estrategia regional de seguridad que encabeza Estados Unidos y cuestionó declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre la necesidad de reducir al máximo a colectivos adversos a las actuales políticas públicas como el Suntracs.
Las agrupaciones demandaron el esclarecimiento de los hechos y advirtieron que cualquier vigilancia, interceptación de comunicaciones, monitoreo digital o infiltración que se realice al margen de las garantías legales podría vulnerar derechos fundamentales protegidos por la Constitución panameña y tratados internacionales.
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