Durante el II Encuentro de Organizaciones Populares, celebrado en la Universidad de Panamá, bajo el lema «Democracia, Derechos Humanos y Justicia Social Hacia Una Agenda Unitaria», los participantes analizaron la situación nacional y los principales problemas que afectan a la sociedad, con especial atención a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

En una declaración conjunta, los colectivos adelantaron acciones antes que concluya este año, entre ellas movilizaciones de protesta y de reclamo para que se derogue una ley sobre pensiones y otras como una marcha el 25 de noviembre en defensa de los derechos de las mujeres principales victimas de los atropellos del Gobierno.

En el pronunciamiento, expuesto por Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, también se expresa preocupación por el avance internacional de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha, al considerar que representan una amenaza para los principios democráticos, las conquistas sociales y la vigencia de los derechos humanos.

En ese contexto, aplaudieron el triunfo electoral de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil que catalogaron como el resurgir de las izquierdas en el continente.

Asimismo, el mensaje denunció la violencia y los crímenes contra la población civil en la Franja de Gaza.

En el ámbito nacional, los participantes señalaron que el terremoto del pasado 9 de octubre dejó al descubierto las profundas desigualdades sociales existentes en Panamá y la situación de vulnerabilidad de numerosas familias.

A juicio de las organizaciones, la emergencia evidenció la insuficiente respuesta gubernamental ante las necesidades de la población afectada, así como la falta de políticas públicas sostenidas para enfrentar las brechas sociales.

La declaración también denunció el deterioro de las condiciones de vida, el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el incremento de la pobreza y las dificultades de acceso a viviendas, agua potable y servicios de salud.

Igualmente, cuestionó los elevados costos de la energía y las acciones contra organizaciones sindicales, docentes, pueblos indígenas y defensores de los derechos humanos.

Ante ese escenario, los movimientos sociales y populares reafirmaron su compromiso con la construcción de una sociedad democrática, inclusiva y respetuosa de los derechos fundamentales, en la que prevalezcan la justicia social y la dignidad humana.

Entre las proyecciones planteadas figura la lucha contra proyectos de nuevos embalses para el canal de Panamá en río Indio y de la la minería metálica a cielo abierto.

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